**Para realizar dichas consultas el Congreso requerirá más dinero.**Tendríamos que realizar una ampliación presupuestal para poder hacer las reformas completas.
Xalapa, Ver. 26 mayo 2023.- Las consultas ciudadanas que nos pide la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN) costarán realizarlas entre los dos y tres millones de pesos cada una, y se tienen pendiente por realizar cinco en la entidad, señaló el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín.
El legislador local estacó que para poder pagar las consultas aplicará las medidas de austeridad en el Congreso del Estado, dado que no se tiene un presupuesto para realizar dichas consultas, sobre todo, en un estado donde hay 8 millones de habitantes y su distribución geográfica es bastante extensa.
“Calculando cada consulta aquí en Veracruz nos saldría entre los 2 a 3 millones de pesos, entonces imagínate si nos toca de 5 consultas que tenemos que hacer pues nos va a salir algo muy caro, 15 millones es muchísimo dinero, tendríamos que hablar de una ampliación presupuestal, pero estamos apretando aquí en el Congreso del Estado”, expresó.
Reiteró que son cinco consultas pendientes, entre ellas la de los afrodescendientes y varias más.
“Tenemos que hacer foros en todo el estado, nos sale bastante caro, pero vamos a ver como lo resolvemos para llevarlas acabo”, dijo.
Insistió en que trabajará desde el Congreso hasta donde sea posible, de forma austera y va apretar el costo de estas lo que más se pueda, aunque no está descartado solicitar un incremento presupuestal para poder realizarlas en tiempo y forma.
“Yo quiero que el Congreso siga siendo austero y voy a apretar el gasto en estas consultas ciudadanas hasta donde sea posible. Lo voy a ver con la Dirección de Administración, con la Secretaría de Finanzas, tenemos que amarrarnos los bolsillos y cumplir”, finalizó.
Realiza Congreso consulta a personas con discapacidad sobre Decreto 557
**Con esta acción, da cumplimiento a la sentencia de la SCJN en relación con la acción de inconstitucionalidad 204/2020, respecto de la reforma a dos artículos de la Ley 822.
Con la participación de siete organizaciones de personas con discapacidad, incluidas Gente Pequeña o Talla Baja, la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables de este Congreso realizó la Consulta Pública sobre el Decreto 557 que reformó la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad del Estado, a fin de conocer propuestas e inquietudes de este sector social y en cumplimiento a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la acción de inconstitucionalidad 204/2020.
En la explanada del Palacio Legislativo y con la presencia del presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Juan Javier Gómez Cazarín, y de las diputadas Anilú Ingram Vallines y Ana Miriam Ferráez Centeno, así como del legislador Gonzalo Durán Chincoya, presidenta, secretaria y vocal de dicha comisión, respectivamente, inició este ejercicio de participación ciudadana.
Primeramente, la legisladora Anilú Ingram dio la bienvenida a representantes de las organizaciones de personas con discapacidad, incluidas niñas, niños y adolescentes, y recordó que en mayo de 2020 el Congreso del Estado modificó partes de los artículos 2 y 4 de la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad, conocida como Ley 822.
Agregó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no estuvo de acuerdo y promovió una acción de inconstitucionalidad alegando que estas reformas son contrarias a lo que dispone la Constitución general de la República.
Por su parte, la SCJN resolvió esa acción y declaró inválidas las reformas, ordenando al Congreso de Veracruz que consulte sobre el tema a las personas con discapacidad, particularmente las de Talla Baja o Gente Pequeña, destacó la Diputada.
Por consiguiente, la legisladora dijo que, para legislar en el sentido de adecuar los citados artículos de la Ley 822 a las consideraciones vertidas por la Corte, este Congreso necesita conocer la opinión de los convocados sobre las siguientes preguntas.
¿Consideran ustedes que la talla baja es una discapacidad física?, en lugar del término “trastorno de talla” ¿cuál es el que consideran más adecuado para que la ley se refiera a este grupo? y ¿están ustedes de acuerdo en que la talla, la condición económica, el embarazo en el caso de las mujeres, la identidad política, la lengua, la situación migratoria o las preferencias sexuales de las personas con discapacidad no sean motivo de discriminación y que así lo considere la Ley 822?
Posteriormente, hizo uso de la palabra el legislador Juan Javier Gómez Cazarín, quien celebró la participación de grupos organizados de la sociedad civil en temas relevantes como es la discapacidad y externó que con esta acción el Congreso atiende el llamado de la SCJN para adecuar una ley que será de beneficio para todas y todos, y les reconoció que “gracias al interés que hoy demuestran y a su trabajo permanente, hoy se les toma mucho más en cuenta en las decisiones”.
Asistieron a este foro la presidenta de la Comisión de Gobernación, diputada Cecilia Guevara Guembe; la titular de la Dirección de Servicios Jurídicos del Congreso local, Lilia Christfield Lugo; en representación del Poder Judicial del estado, el magistrado Juan José Rivera Castellanos; de la Fiscalía General del Estado (FGE), Manuel Fernández Oliveros; de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Daniel Vela Sánchez; del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), Liliana Magaña, y el abogado especialista en derechos humanos Aarón Flores Velasco.
Participaron las y los integrantes de las organizaciones Trotamundos sin límites Orizaba, Mujeres con propósito A. C., Somos pequeños Veracruz A. C., Soy tu reflejo, Radiodirección A.C, Lazos de acero y Líder hazlo.
