“Los pueblos indígenas u originarios tienen derecho a participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural del Estado”.
Ante la presencia de 21 de los 23 integrantes del Comité de Seguimiento, se informó que, al tratarse de una facultad federal, la legislatura del estado podría, con base en las atribuciones conferidas en el Artículo 71 de la Constitución General de la República, proponer una iniciativa ante el Congreso de la Unión para establecer en la Carta Magna que los pueblos indígenas u originarios sean sujetos de derecho público.
Lo anterior, al considerar que no es viable la incorporación en la Carta Magna local, debido a la ausencia de una facultad expresa para hacerlo.
Por consiguiente, se procedió a la apertura del diálogo en el que fueron escuchadas y registradas (para efectos del acta respectiva) las posturas y posicionamientos de cada uno de los integrantes del Comité de Seguimiento.
Participaron en la reunión la Comisión Permanente de Asuntos Indígenas y de las Comunidades Afrodescendientes, integrada por los diputados Bonifacio Castillo Cruz y José Luis Tehuintle Xocua, además de la legisladora Lidia Irma Mezhua Campos, presidente, secretario y vocal, respectivamente, además de la vocal de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, diputada Rosalinda Galindo Silva.
Por parte de la representación estatal del INPI, su titular, Magdalena Hernández Hernández, y el encargado del Departamento Jurídico, Carlos Esteban Romero Gutiérrez. De la CEDH, el director de Asuntos Jurídicos, Miguel Ángel Córdova Álvarez, y el contralor interno, Adolfo Toss Capistrán.
Por parte del Congreso, la directora de Servicios Jurídicos, Lilia Christfield Lugo, y el secretario técnico de la Secretaría General, Marco Lara Quiroz.
Con esto, la LXVI Legislatura del Congreso del Estado da cumplimiento con la sentencia 148/2020 y sus Acumuladas, por lo que en breve el Dictamen será sometido al Pleno para su votación.
