El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, toma la decisión ante una de las peores crisis económicas y sociales que ha vivido la isla desde la revolución de 1959.
La economía cubana se ha visto diezmada por una combinación de factores, como la pandemia del covid-19, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y un modelo empresarial dominado por el Estado y plagado de burocracia, mala gestión y corrupción.
La crisis social y económica se considera una de las peores desde la revolución de Fidel Castro en 1959, y ha provocado un éxodo sin precedentes de emigrantes cubanos en los dos últimos años.
Las medidas anunciadas —muchas de ellas debatidas desde hace tiempo y aplicadas de diversas formas por el Gobierno socialista cubano— pretenden reforzar las divisas, fomentar la producción de alimentos y poner orden en las maltrechas empresas estatales, dijo Mildrey Granadillo de la Torre, viceministra Primera de Economía y Planificación.
El gobierno dijo que anunciaría «una política de precios única, inclusiva y en igualdad de condiciones para todos los sujetos de la economía, que incluye tanto al sector estatal como al no estatal», según un informe del periódico Granma del Partido Comunista.
Las autoridades socialistas cubanas levantaron en 2021 una prohibición a las empresas privadas vigente desde principios de la revolución castrista, pero los incondicionales del Partido Comunista afirman que la disparidad de precios ha contribuido a la creciente inflación.
El Gobierno también dijo que centralizaría la toma de decisiones sobre el presupuesto nacional, lo que le permitiría recortar partidas y ajustar los gastos a los ingresos.
El informe presentó un panorama desolador de la economía, pero proporcionó pocas cifras y no dijo cuándo entrarían en vigor las medidas anunciadas.
Díaz-Canel destituyó a principios de este año a su ministro de Economía, Alejandro Gil, por acusaciones de corrupción, en el marco de una reestructuración de alto nivel que también parece encaminada a atender los problemas económicos.
