A unos días de que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados comience la dictaminación de la iniciativa de reforma al poder Judicial presentada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, no hay claridad respecto del presupuesto que deberá destinarse para la elección de los nuevos ministros, magistrados y jueces, ni sobre los recursos públicos para pagar las liquidaciones de los funcionarios que serán separados de sus cargos antes de que concluya el periodo para el cual fueron designados. Además, según especialistas, es muy probable que haya una avalancha de juicios laborales que podrían llegar hasta instancias internacionales.
De acuerdo con el dictamen de impacto presupuestario realizado por la Secretaría de Hacienda, sobre la iniciativa en cuestión “no tiene un impacto presupuestario adicional a lo manifestado por la Secretaría de Gobernación”, dependencia que ―cita―, “considera que el proyecto no tiene impacto, ya que no considera la creación o modificación de unidades administrativas y plazas, o en su caso de nuevas instituciones dentro de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”.
Sin embargo, el senador morenista Ricardo Monreal Ávila, ha señalado que el costo de la elección de los ministros, magistrados y jueces será de entre 3,000 y 3,500 millones de pesos y que se podrían tomar de los 23,000 millones de pesos que tienen los fideicomisos del Poder Judicial, que van a ser remitidos a la Tesorería de la Federación.
En tanto, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo calcula que el costo será de unos 7,500 millones de pesos, aunque ha recalcado que debe ser el Instituto Nacional Electoral (INE) quien debe fijar el monto del costo de esa elección de esos funcionarios del poder Judicial.
Sin embargo, algunos cálculos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estiman que la suma podría ser de alrededor de 30,000 millones de pesos.
Según el “Análisis de la iniciativa de reforma al poder Judicial en México. Problemas asociados con la iniciativa de reforma constitucional del Poder Judicial, presentada el 5 de febrero de 2020”, realizado por el Centro de Estudios Constitucionales, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “la realización del proceso electoral para elegir juzgadoras y juzgadores representará un altísimo e innecesario costo para el erario”.
Refiere que, según la organización civil Laboratorio Electoral, el presupuesto electoral para 2024 es de 60,451 millones 351,931 pesos, pero, indica, en el proceso electoral de 2024, se disputaron poco más de 19,000 puestos de elección popular, en el caso de la elección de la judicatura nacional, se tendría que elegir alrededor de 7,000 cargos de un universo de más de 40,000 personas candidatas.
Por ello estima que “el costo del proceso sería de alrededor de la mitad del costo de las elecciones federales”, es decir unos 30,000 millones de pesos.
Además, menciona que se trata de una afectación presupuestaria innecesaria, en tanto existen mecanismos más efectivos, objetivos y razonables para la selección de personas juzgadoras que garantizan su independencia e imparcialidad y permiten destinar estos recursos a acciones de mejora sustantiva de la función judicial u otras áreas estratégicas del Estado.
Liquidaciones superarían los 8,000 mdp
A ello habrá que sumar el costo de las liquidaciones de alrededor de 1,600 ministros, magistrados y jueces, lo cual podría superar los 8,000 millones de pesos, si se considera que a las personas que trabajan en el servicio profesional de carrera del poder judicial les toma alrededor de 10 años para llegar al cargo y solo considerando que solo tienen esos años de antigüedad.
Al respecto, el juez Juan Pablo Gómez Fierro manifestó: “En una encuesta que he hecho, quizá cercana con compañeras y compañeros, la mayoría de los que hemos llegado a desempeñar el cargo de juzgador a juzgador federal ha sido producto de 15 años previos al interior de experiencia adquirida en los tribunales jurisdiccionales”.
Si bien no se ha hecho público un estudio actuarial sobre lo que va a costar liquidar a ministros, magistrados y jueces, si se toma en cuenta que, de acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal de 2023, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al cierre de 2022 había 910 magistradas y magistrados, de los cuales 796 tenían adscripción a los Tribunales Colegiados de Circuito (TCC) y 114 a los Tribunales Colegiados de Apelación (TCA).
Asimismo, había 737 jueces, de los cuales 439 tenían adscripción a los Juzgados de Distrito (JD); 165 a los Centros de Justicia Penal Federal (CJPF); ocho al Centro Nacional de Justicia Especializado (CNJE) y 125, a los Tribunales Laborales Federales (TLF). Eso quiere decir que en total el registro es de 1,647 jueces y magistrados.
Con esas cifras se puede llegar a una estimación. De acuerdo con datos del Consejo de la Judicatura Federal, el salario bruto mensual de los magistrados es de 374,203.42 pesos. Si se calcula lo que representa liquidar a los 910 magistrados con tres meses de salario, 20 días por año trabajado (y solo considerando que tuvieran los 10 años de antigüedad en el empleo), más una prima de antigüedad de 12 días por los mismos 10 años trabajados, cada magistrado debería llevarse como indemnización cinco millones, 114,113, pesos y los 910 alrededor de 4,653 millones de pesos.
Si se hace el mismo ejercicio con el salario de los jueces (que ganan 337,575.25 pesos mensuales) y solo suponiendo que tienen 10 años de antigüedad en sus empleos, el total por los 737 es de más de 3,400 millones de pesos, para un total entre jueces y magistrados de al menos 8,054 millones de pesos.
Además, habría que calcular el costo para liquidar a los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos ingresos anuales brutos son de cinco millones 529,450.
Habría una avalancha de juicios laborales promovidos por expertos
Por otra parte, Juana Fuentes Velázquez directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación advirtió que, si se decide no escuchar a los operadores del poder Judicial y así se aprueba la reforma, “las mujeres y hombres que hoy trabajan en los tribunales y juzgados del país habremos de considerar las vías de acción que se requieran para enmendar el despropósito”.
La vocera de los inconformes recalcó que “el silencio prudente” que los juzgadores han asumido como regla de conducta, porque tienen claro que no son contendientes políticos, ha sido usado en su contra, pero enfatizó: “Que no se entienda ello como un signo de debilidad o de aceptación de las calumnias”.
En ese sentido, el análisis citado, realizado por el Centro de Estudios Constitucionales de la SCNJ enfatiza que la propuesta de destituir a todas las juzgadoras y juzgadores en un mismo momento, genera un alto riesgo de que presenten demandas en materia laboral o litigios en el ámbito internacional, lo que implicaría un importante costo para indemnizarles por la afectación a sus garantías de inamovilidad en el cargo y a sus derechos laborales adquiridos. Por otro lado, existe el riesgo de que el personal sindicalizado de juzgados y tribunales sufra despidos injustificados. Es probable que el personal judicial de apoyo (secretarios, actuarios y oficiales judiciales, entre otros) no sea evaluado por las nuevas personas juzgadores conforme a la calidad de su trabajo, sino conforme a su afinidad ideológica, a su utilidad para conseguir objetivos personales o de grupo o con base en otros criterios políticos.
Por su parte el abogado, Eliseo Rosales comentó que de aprobarse la reforma en los términos en la que fue enviada al Congreso, durante su implementación, seguramente los jueces que sean afectados, si no son indemnizados como lo marca la ley, seguramente van a iniciar una serie de juicios laborales por su despido.
Si bien, esos juicios tendrían que resolverlos los jueces que los sustituyan, hay altas probabilidades que los inconformes tengan sentencias adversas; sin embargo, seguramente, eso, lo único que generará es que acudan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde seguramente ganarían.
Desde luego que son funcionarios con derechos adquiridos y, desde luego que tendrán como recurso la demanda laboral, insistió. Además, estarían atentando contra su derecho de un mínimo vital, que se refiere a la libre disposición de recursos económicos mínimos para hacer frente a las necesidades más perentorias del ser humano.
Destacó que la implementación de la reforma puede incurrir en inconvencionalidades, es decir que vaya en contra de lo que establecen tratados internacionales que han sido firmados por México y que tiene la obligación de respetar.
