La petición hecha por los integrantes del sector petrolero, en el marco de su convención anual, ocurre a unos días de la aprobación de la llamada reforma judicial en el Senado.
Los empresarios del sector petrolero, representados por algunos de sus líderes gremiales, han solicitado al gobierno de Claudia Sheinbaum mayor certeza jurídica y un «entramado legal sólido» para impulsar las inversiones durante el próximo sexenio, sin hacer mención directa de la aprobación de la reforma judicial como motivo.
El mercado energético, principalmente el eléctrico, ha sobrellevado múltiples cambios de manera constante durante la administración obradorista. El petrolero ha padecido el cese de las rondas petroleras, la firma de contratos con apenas unos cuantos y con ello una dinámica más lenta a la que se esperaba con la reforma energética de 2013.
“(Para impulsar el sector) será fundamental contar con un entramado legal sólido, capaz de exigir el cumplimiento de obligaciones, pero también de defender los derechos de los diferentes actores del sector. Además, es necesaria una regulación independiente, técnica, autónoma y previsible que permita dar certeza a las inversiones y garantizar un piso parejo para la competencia constructiva”, ha dicho Alberto de la Fuente, el presidente de la Asociación Mexicana de Hidrocarburos (Amexhi), el organismo representante del sector, en un breve discurso.
Entre los ponentes del evento ha prevalecido una idea común: el papel de Pemex como la compañía petrolera más importante del país no está en discusión. Los actores privados contribuyen con aproximadamente 100,000 barriles diarios de petróleo, lo que representa menos del 10% de la producción total.
Pero también, de manera implícita, han transmitido la necesidad de contar con un poder judicial sólido, de preservar los órganos autónomos —como la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía— y de mantener un «piso parejo» en el sector. Sin embargo, el mercado petrolero ha celebrado su convención anual este jueves sin la presencia de un representante del próximo gobierno federal, a pesar de que su participación estaba prevista en la agenda original.
Las compañías que forman parte del mercado que se abrió después de 2013 han vivido un sexenio con pocas certidumbres. Son quizá el sector económico que más ha acudido a juzgados y tribunales para frenar algunas modificaciones regulatorias, y también, probablemente, el que más ha sido embestido por la idea de poner a las estatales CFE y Pemex de nueva cuenta al centro del mercado.
Pese a ello, aseguran, seguirán “en la misma ruta de diálogo y construcción de acuerdos con el nuevo gobierno”, según lo dicho por De la Fuente, que también es director de la petrolera Shell desde el 2012. “Hacia adelante, es fundamental que empresas y gobierno entendamos a cabalidad las oportunidades que se nos presentan y encontremos los mecanismos óptimos para que la coordinación y la suma de esfuerzos redunde en un sector energético sólido, sustentable y moderno para México».
Los temas pendientes
El próximo gobierno se enfrentará a una producción de petróleo casi estancada –aunque la nueva meta se ha cifrado en 1.8 millones de barriles–, a un entorno de mercado que prácticamente está siendo modificado por las legislaciones en temas ambientales y con una petrolera estatal con un menor nivel de deuda –al compararse con sus números más altos–, pero con aún muy mal funcionamiento operativo.
Los privados han propuesto –y resaltado la necesidad– del lanzamiento de contratos de producción compartida, como el del campo de aguas profundas Trión. “Es hora de ser realistas, los contratos de servicio, se llamen CIEPS o de otra forma, son un intento anticuado que no ha funcionado en ningún lugar del mundo”, ha dicho Pablo Medina, de la consultora Welligence. “No hay tiempo para la soberbia, cada día de inacción México pierde terreno contra entidades globales”.
La próxima administración, y con ello las compañías del mercado, también se enfrentarán a nuevos retos como la necesidad de un aumento en la producción de gas y en permitir o no el uso de la fractura hidráulica, conocida como fracking. En esta última se podría marcar un punto de inflexión entre el gobierno obradorista y el de Claudia Sheinbaum.
El próximo director de la estatal Pemex no está del todo en desacuerdo en permitir el uso de esta técnica, según fuentes, aunque una de las reformas presidenciales busca la prohibición a nivel constitucional.
