El gobierno de Quintana Roo reformó diversos apartados de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para frenar las construcciones ilegales.
Cancún, QRoo.- El gobierno de Quintana Roo reformó diversos apartados de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para frenar las construcciones ilegales de nuevos desarrollos inmobiliarios que no cuenten con la correspondiente autorización de impacto ambiental.
Estas nuevas disposiciones publicadas en el Periódico Oficial de Quintana Roo incluyen también hoteles mayores de 1,200 metros cuadrados de superficie o de construcción, restaurantes y centros comerciales que no se encuentren en zonas de jurisdicción federal; centrales de autotransporte público y privado, centrales de carga, terminales multimodales, centrales de autobuses, ferrocarriles o aeropuertos; desarrollos y centros educativos, de salud, abasto, comercio, religiosos o recreación mayores de 1,000 metros cuadrados de superficie o de construcción.
En realidad, la prohibición para construir sin autorización de impacto ambiental ya existía previamente, por lo que la reforma sólo establece que las nuevas construcciones en el estado no podrán ser dadas de alta ante el Registro Público de la Propiedad, ni los notarios públicos podrán dar fe de actos, convenios o contratos relacionados con la venta o transmisión de derechos de inmuebles que no cuenten con su correspondientes autorizaciones de impacto ambiental.
Lo anterior derivado del crecimiento que ya se está experimentando en el estado como resultado de la construcción del Tren Maya y el Aeropuerto de Tulum, los cuales han disparado la construcción de nuevos desarrollos de vivienda en la zona norte de Quintana Roo.
Apenas la semana pasada, Patricia Mora, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), daba a conocer que recientemente el ayuntamiento Benito Juárez (Cancún) clausuró 12,000 lotes que corresponden a entre seis y ocho fraccionamientos en zonas selváticas, los cuales comenzaron a construirse y comercializarse sin siquiera contar con licencias de construcción ni permisos de ningún tipo.
La empresaria inmobiliaria reconoció que el problema no es exclusivo de Cancún, pues lo mismo está sucediendo en Tulum y la Playa del Carmen, donde está llegando una importante inversión inmobiliaria en torno tanto a las locaciones del Tren Maya como del nuevo aeropuerto.
Tan sólo entre finales de 2023 y lo que va del presente año, dijo, la AMPI ha contabilizado más de 600 proyectos inmobiliarios, pues el corredor Cancún-Riviera Maya se ha convertido en una zona muy atractiva para desarrollos destinados exclusivamente a rentas vacacionales a través de plataformas tipo Airbnb.
Sin embargo, al igual que en Cancún, estas inversiones están acompañadas de defraudadores o fraccionadores fuera de toda norma que venden a través de redes sociales terrenos en medio de la selva, bajo la promesa de que al estar en la cercanía del Tren Maya o el aeropuerto, pronto serán municipalizados y dotados de los servicios básicos.
Es decir, la expectativa que está generando el Tren Maya ha disparado la especulación de la tierra y son cientos los nuevos desarrollos que todos los días comienzan a construirse y comercializarse a través de redes sociales sin tener un solo permiso en regla.
Tan sólo en Tulum, los terrenos de los ejidos Jacinto Pat y Macario Gómez han triplicado su valor aceleradamente en los últimos meses, impulsados por la entrada en operaciones de la nueva terminal aérea.
Lo mismo sucede en Lázaro Cárdenas, un municipio en el extremo norte de Quintana Roo, donde están ya en ejecución los proyectos Aldea Holbox y Nuna, ambos en la comunidad de Solferino, los cuales abarcan más de 2,000 hectáreas cada uno sobre selva virgen.
Ambientalistas y colegios de profesionistas refieren que el crecimiento anárquico no se detendrá si no se cuenta con instrumentos de ordenamiento bien definidos y planeados que no favorezcan a los grandes desarrollos inmobiliarios, sino limiten la expansión de las manchas urbanas sobre la selva.
