En la aprobación en Diputados, el partido oficialista ha decidido omitir un párrafo que elevaba a constitucional la responsabilidad del Estado en cuanto a la transición energética.
La transición energética ha quedado fuera de la reforma energética aprobada en el legislativo. El partido oficialista y sus aliados han decidido omitir un párrafo que proponía que ésta quedaría a cargo del Estado como contenía el documento enviado en febrero por el expresidente López Obrador y que ahora ha sido retomado por la administración de Sheinbaum Pardo.
Hasta ahora, los principales lineamientos sobre la transición energética están definidos en leyes secundarias, como la Ley de Transición Energética y la Ley General de Cambio Climático, pero esta modificación hubiese elevado a nivel constitucional que el Estado quedara a cargo de este proceso y que, dentro de los cambios a nivel del mercado eléctrico, usara “de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la nación, con el fin de reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero”. Pero a propuesta de Morena, fue omitido.
Los analistas dicen que la interpretación de este artículo podía haber sido amplia, que no sabríamos sus implicaciones hasta que lo que de ahí resultara se plasmara en leyes secundarias y que su omisión en el texto no implica un revés a las responsabilidades del Estado porque éste ya ha pactado sus obligaciones en otros documentos como el Acuerdo de París.
Pero que el haberlo borrado sí disminuye la posibilidad de que cualquier organismo o individuo pelee en algún amparo las obligaciones del gobierno en turno. Hasta ahora, algunos cambios legales han sido detenidos en la Corte con algunos argumentos relacionados con el derecho al medio ambiente sano, la adhesión del párrafo reforzaría este tipo de defensa.
“No implica una relevación de la responsabilidad del Estado en materia de transición y cambio climático, sin embargo, genera incertidumbre respecto del alcance de dicha responsabilidad a nivel constitucional y la posibilidad de recurrir a medios de control constitucional para hacerla valer”, dice Bernardo Cortés Araujo, un abogado especialista en el mercado energético.
Hasta ahora, México no ha cumplido con las metas de emisiones de gases invernadero que ha pactado a nivel internacional y durante el sexenio pasado incrementó de manera importante la combustión de hidrocarburos para la generación eléctrica. Ahora, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha decido hacer un cambio a la política energética para centrarse en energías renovables y reducir la producción de petróleo.
Entre la ambigüedad y la incertidumbre
La reforma para cambiar el estatus legal de las estatales CFE y Pemex ya es prácticamente un hecho. El control de Morena en las dos cámaras del legislativo indica que el cambio constitucional no enfrentará ningún obstáculo para su aprobación en el Senado y en los congresos locales; y la ambigüedad de la redacción del instrumento legal abre paso a un inminente control estatal.
La reforma constitucional se ha presentado como un cambio a las industrias estratégicas del Estado, al incluir la energética, el litio e internet que provea el Estado. Y ha sido aprobada por la Cámara de Diputados la noche de ayer miércoles en lo que podría calificarse como un revés –una década después– a la reforma energética del 2013.
El cambio esencial se enmarca en la desaparición del concepto empresa productiva del Estado para dar paso a las empresas estatales. CFE y Pemex dejarían de lado como fin último la rentabilidad y la producción de réditos al Estado para tener el servicio público como objetivo, según se lee en el documento de reforma. También se reserva como industria estratégica a toda la cadena de valor del litio, lo que implica una prohibición a la emisión de nuevos permisos para su explotación.
Pese a lo último, los cambios que se generarán con la reforma aún no son claros. Los analistas tienen algunas lecturas, pero todas las modificaciones quedarán claras con la emisión de la legislación secundaria. “Sin duda, el espíritu de los cambios es centralizar la toma de decisiones, en esencia regresar al modelo previo a la apertura de 2013. Dicho esto, la redacción textual de los artículos da mucho margen de libertad para la legislación secundaria”, dice Oscar Ocampo, investigador del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).
Lo que sí, dicen desde ahora, es que el cambio abre la discrecionalidad en el manejo del mercado eléctrico y de hidrocarburos; y aunque no prohíbe la participación del sector privado, los especialistas ya hablan de una señal negativa a los mercados.
«La reforma enviaría un mensaje de incertidumbre jurídica que no solo se limitaría a las inversiones directamente afectadas, sino que se reflejaría en toda la economía nacional como un mensaje de que el Estado mexicano no tiene un compromiso creíble con el Estado de derecho”, según análisis difundido por el IMCO algunas horas antes de la aprobación en la Cámara de Diputados por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde.
La inversión en generación eléctrica ha caído de manera acelerada en los últimos años. Durante el último sexenio priista ésta se cifró en casi 54,500 millones de dólares. Ya en la administración obradorista esta cayó a los 13,350 millones de dólares. Y las prospectivas para el actual gobierno federal no son muy alentadoras.
Los artículos reformados son el 25, 27 y 28 de la constitución. En el proceso de aprobación, la fracción de Morena eliminó la responsabilidad que tiene el Estado para hacerse responsable de la transición energética.
Con la aprobación de la reforma constitucional de ayer se consolidaron las propuestas de López Obrador en el mercado eléctrico y de hidrocarburos que no lograron ser promovidos durante su sexenio y que estaban reunidos principalmente en la iniciativa de 2021 que buscaba cambiar la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que fue aprobada por la mayoría simple del legislativo –al tratarse de un cambio a una ley secundaria–, pero que fue detenida por la Corte.
“Este cambio modifica de raíz la estructura, no sabemos qué va a pasar con los mecanismos de costo eficiencia como lo son el mercado eléctrico mayorista o los certificados de energías limpias o el mercado de potencia y cómo quedarán organizados”, dice Ana Lilia Morena del think thank México Evalúa. “Lo que se intuye desde la reforma constitucional es que al ser la CFE nuevamente un prestador de servicios públicos y dándole la prioridad en el despacho eléctrico y la generación, lo que alcanzo a comprender es que la CFE va a trabajar a toda su capacidad al costo que sea y luego para completar lo que falte en el suministro entonces echará mano de los privados”.
Aunque los detalles aún no se han puesto sobre la mesa, el cambio constitucional modificará la dinámica interna de las estatales Pemex y CFE. “Las empresas del Estado, con estas modificaciones, de ser aprobadas, Pemex y CFE nuevamente serían empresas públicas, dejarían de ser empresas productivas, regidas por el derecho mercantil y regresarían a ser empresas públicas del Estado, regidas por el derecho público en favor del bienestar de todos los ciudadanos”, explicaba ayer Luz Elena González Escobar, la secretaría de Energía.
Con los cambios, que ya han sido aprobados, se eliminaría la estricta separación de la CFE que entró en marcha a inicios de 2016. Es decir, se retirarían cada una las filiales de generación, distribución y el resto que ahora están en funcionamiento. En el caso de Pemex los cambios aún no quedan claros, pero también habrá modificaciones en su dinámica.
