Jorge Manzo Denes*
La Universidad Veracruzana (UV) es una institución pública y autónoma. Como toda institución de educación superior (IES) con estas características, sus atribuciones están soportadas por la fracción VII del artículo 3 de nuestra Carta Magna, que reconoce no solo la responsabilidad de gobernarse a sí misma sino la de administrar su patrimonio.
El financiamiento que reciben las IES se compone de fondos concurrentes entre la Federación y las entidades federativas, y el monto anual que destine el Estado no podrá ser menor al 1% del Producto Interno Bruto (PIB).
En sintonía con los fondos concurrentes, a nivel local el artículo 10 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece que el subsidio para la UV no podrá ser menor al 4% del presupuesto de egresos del Estado, con un incremento anual que inició con el 3% en 2018 y alcanzará ese 4% en 2023.
En otro orden normativo, el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata entre otras cosas el derecho de acceso a la información de entidades que reciban recursos públicos, cuyo ejercicio queda establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información que, a su vez, mandata a las entidades para que constituyan un Comité y Unidades de Transparencia, que fomenten el uso de tecnologías de la información (TIC) para garantizar la transparencia, el derecho de acceso a la información y la accesibilidad a los mismos.
Conjuntando estas ideas, queda claro que la autonomía universitaria y la rendición de cuentas son dos atributos indisolubles que requieren de un trabajo coordinado y preciso para conducir con apertura, a cualquier IES, hacia una transparencia apropiada, tanto académica como financiera. En adición a otorgar una información abierta a la sociedad y a la comunidad universitaria, este ejercicio ayuda a crear estrategias para la optimización de los recursos y para el impulso académico en áreas de oportunidad. La postura es de tal importancia que las universidades públicas del país cuentan con estructuras propias para cumplir con esta importante misión.
Desde 2006, la UV cuenta con una Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, CUTAI, para garantizar el derecho a la información pública. En diversas ocasiones su trabajo ha sido certificado por organismos acreditadores, pero ello no es suficiente.
Si en verdad queremos un paradigma, un cambio de rumbo que rompa fronteras en nuestra prestigiada Universidad, debemos apostarle a una profunda simbiosis entre transparencia y autonomía. Como lo propuso el exrector de la UNAM, Jorge Carpizo, en un ensayo publicado en 2009: “entre el derecho de acceso a la información pública y el derecho constitucional de la autonomía en las universidades públicas, no existen incompatibilidades ni contradicciones, pero sí la necesidad de encontrar una integración”.
En dicho ensayo destaca que los presupuestos de las universidades autónomas se derivan de los subsidios, por lo que autonomía no es sinónimo de autosuficiencia económica, pero implica que son las propias universidades las que determinan en qué materias y en qué proporción gastarán los recursos.
En el caso de la UV, debemos redoblar esfuerzos para consolidar un auténtico ejercicio de la transparencia y el respeto a la autonomía. La relación con el Estado debe ser de sintonía y de coordinación de acciones y estrategias por el bien de Veracruz, lo que implica, per se, utilizar los recursos con pulcritud y transparencia.
Yo aspiro a una UV, verdaderamente transparente, donde el ejercicio del gasto se conozca centavo tras centavo; donde cada proyecto universitario pase por el tamiz de la comunidad y tenga repercusión social; donde no quepan dudas del actuar administrativo; donde no haya señalamientos contra la obra pública; donde lo que se realice se conozca y difunda ampliamente; y donde nunca se niegue la información a la comunidad universitaria ni a la sociedad.
Quiero una administración universitaria apropiada y transparente, que no olvide nuestra historia reciente, el complejo vendaval financiero en el que fuimos involucrados y que apenas la semana pasada la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz autorizó liquidar, en un alto reconocimiento a nuestra labor universitaria.
Esto lo vamos a lograr ejerciendo un liderazgo con ética y con gran responsabilidad. Con una comunicación permanente, abierta y directa, no sólo con los medios que siempre han sido aliados del acontecer universitario, sino con toda la comunidad universitaria, vernos cara a cara.
En suma, consolidar la ruta de la transparencia y de la autonomía, a través de un sano manejo y observación de las finanzas con una clara rendición de cuentas, garantizando el derecho de acceso a la información pública, incluso en lenguas indígenas, protegiendo los datos de nuestra comunidad y mejorando la organización y manejo de documentos, entre otros aspectos.
El complicado adeudo del que acabamos de salir deberá estar en análisis permanente como una experiencia indeseable, a fin de que una situación como esa, o similar, nunca más vuelva a ocurrir. Más información en www.jorgemanzo.org
*Aspirante a la Rectoría de la Universidad Veracruzana; científico de esta casa de estudios en el campo de las neurociencias, con especialidad en el autismo; docente del Doctorado en Investigaciones Cerebrales; profesor con perfil PRODEP; miembro del Sistema Nacional de Investigadores (nivel 3) y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Fue Coordinador de la Maestría y Doctorado en Neuroetología, así como fundador y director del ahora Instituto de Investigaciones Cerebrales, y ha sido organizador de múltiples actividades docentes, así como conferencista en diversas instituciones. Es evaluador de proyectos Conacyt y revisor de manuscritos científicos en diversas revistas especializadas internacionales. Autor de numerosos artículos científicos nacionales e internacionales. Comentarios y sugerencias: contacto@jorgemanzo.org y jmanzo@uv.mx
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