Vaya encuentro ayer domingo en la ciudad de Querétaro en donde se conmemoró el 106 Aniversario de la promulgación del texto Constitucional que nos rige y en donde estuvieron juntos representantes de los tres poderes que rigen la nación.
En la ceremonia, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, asistieron –además del recepcionista gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González- Norma Lucia Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Santiago Creel Miranda, titular de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y; Alejandro Armenta Mier, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.
Presentes además titulares de varias secretarías de Estado, entre ellos los de Defensa y Marina; y gobernadores de otras entidades.
Es decir, la plana entera.
Dos asuntos centrales convivieron en la ceremonia: el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó abolir reformas constitucionales neoliberales –como la privatización de empresas, del ferrocarril, del ejido, concesiones mineras sin par- y; el del diputado Santiago Creel, a rectificar el plan B de reforma electoral cuya última aprobación se discute esta semana en la Cámara Alta.
López Obrador insistió en cambios constitucionales que afectaron y afectan aún el desarrollo de México y ahondaron en el desequilibrio de la distribución del ingreso en perjuicio de los sectores más desfavorecidos, al tiempo de ponderar las reformas de su gobierno orientadas a revertir de cuajo esos desajustes.
Dado que en política lo cierto es más que lo improvisado, el senador Alejandro Armenta Mier iba preparado, al exaltar en la sede de los constituyentes la urgencia de materializar la separación del poder económico del poder político.
Y comparó la importancia de la separación Estado- Iglesia como ahora la del sector económico del poder público, tan bien coordinados que estaban aunque formalmente sí están separados con toda claridad incluso en la Constitución.
Lo fuerte vino enseguida cuando Santiago Creel convocó en su intervención a evitar la reforma electoral B que ha de restringir facultades onerosas del Instituto Nacional Electoral y otras disposiciones para evitar errores del pasado y no sea la Suprema Corte de Justicia la que dirima las diferencias por esa reforma entre partidos, sociedad, legisladores y gobernantes.
El presidente ni lo volteó a ver, es conocido que no lo pasa ni con pozol tabasqueño.
Tampoco a la ministra de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, quien no se levantó de su silla cuando el presidente entró al salón del congreso de Querétaro. Por cierto, antes de junio, la Corte tendrá que resolver los diferendos que se vienen por la reforma electoral B que puede aprobar el Senado esta misma semana.
Interesante pues, el año completamente político que no espera este 2023.
Atraques:
1. México es un país urgente de infraestructura básica, dado que no pasan de 40 por ciento los caminos que son carreteras estatales, federales o autopistas. Son esenciales en la salida de productos de las áreas rurales y también en la interconexión entre los 32 estados de la República.
2. Aunque ya se sabe que Enrique Peña Nieto anda deshojando margaritas por lo que toca a su vida marital, lo cierto es que así han de haber estado sus ánimos con tantas transferencias conocidas y con el desastre dejado por sus funcionarios en muchas áreas, tan sólo el tren Ciudad de México-Toluca. Y ni qué decir del plantón a China con el tren Ciudad de México-Querétaro, que pasan décadas y no se construye.
3. La secretaria de Energía, Rocío Nahle, anda más que ocupada con la refinería de Dos Bocas. Aunque si le atrae Veracruz, eso que ni qué.
Escritor y periodista
