La presidenta de Suprema Corte, Norma Piña, presentó una propuesta alternativa para reforma del Poder Judicial que incluye mejoras la FGR, a fiscalías locales y ministerios públicos.
En medio de la dictaminación de Reforma Judicial en el Senado de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentó este domingo su propuesta alterna con un proyecto más integral.
El documento, dado a conocer por la ministra presidenta Norma Piña y que contiene 66 puntos, plantea cambios en las fiscalías de justicia federal y de los estados, en ministerios públicos y en policías locales, temas que se han solicitado incluir desde la academia, activistas y la oposición, a lo largo de las discusiones y foros sobre el contenido de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La propuesta contenida en el documento «Reforma Integral al sistema de justicia en México: desafíos y propuestas» establece “estrictos sistemas” de selección del personal del ministerios públicos y fiscalías, por lo que formula que haya una institución similar a la del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que sea independiente de la Fiscalía y con integración mixta entre autoridades ministeriales, sociedad civil y judicatura para evaluar el actuar y desempeño de personal de investigación.
“Ello puede lograrse por medio del uso de los parámetros actuales para la selección de magistrados y funcionarios judiciales basados en un modelo de carrera y certificación constantes”, señala el documento .
Las fiscalías
También expone que para perseguir los delitos con un análisis de investigación y persecución de fenómenos y estructuras criminales como “un todo y no de manera fragmentada y desarticulada”, se revise y optimice la estructura de la Fiscalía General de la República (FGR) para reducir el número de fiscalías especiales para evitar la fragmentación de las investigaciones y fomentar una mayor coordinación entre las fiscalías especializadas o especiales.
Asimismo, propone crear una instancia de coordinación que gestione el trabajo de estas fiscalías y establezca un modelo de investigación que abarque tanto los ámbitos federales como locales, con perfiles especializados y flexibles que permitan investigar fenómenos y estructuras criminales de manera integral.
También plantea implementar un “modelo de investigación flexible” que permita a la FGR adaptarse a los distintos fenómenos delictivos y estructuras criminales.
“De este modo, se garantizará una persecución delictiva más eficiente y coordinada, disminuyendo la impunidad y fortaleciendo la capacidad del sistema de justicia para combatir la delincuencia organizada”, señala la propuesta que encabeza la ministra presidenta Norma Piña.
Otra propuesta que formula es desarrollar e implementar políticas de persecución penal en las fiscalías federales y estatales para permitir una “coordinación efectiva y optimización de recursos al dar prioridad a los fenómenos delictivos más relevantes”.
El documento señala que estas políticas deben basarse en un análisis integral de la criminalidad; identificar estructuras, patrones y contextos delictivos, así como asegurar que las estrategias de investigación se enfoquen en desarticular redes criminales en lugar, señala, de abordar casos aislados.
Las policías
La propuesta de la Suprema Corte también aborda el tema de las policías. Por ejemplo, plantea mejorar las condiciones laborales de estos uniformados, por lo que propone que haya “un piso salarial mínimo” y pide que se reforme la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para regular las condiciones laborales y prestaciones de los policías, asegurando que cuenten con derechos básicos como días de permiso, bonos, fondos de ahorro y equipo adecuado.
También pide que se aumente el presupuesto federal destinado a los estados a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad (FASP), pero no se establece alguna cantidad o porcentaje.
De las 66 propuestas que tiene el documento, en una de ellas se promueve el establecimiento de un mecanismo nacional de formación y certificación de fiscalías y policías de investigación, pues menciona que ésta servirá como herramienta de rendición de cuentas para fomentar que sólo quienes cumplan con los más altos estándares profesionales, desarrollen las investigaciones criminales.
“Un mecanismo de esta naturaleza permitiría contar con un marco nacional estandarizado de capacitación que asegure que tanto las fiscalías como las policías de investigación cuenten con las habilidades, conocimientos y competencias necesarias para abordar la investigación de violencias inaceptables y, en general, violaciones a derechos humanos, de manera diligente”, se lee en la proposición.
También se hace planteamiento en materia de seguridad pública, el cual no se toca en la reforma del presidente López Obrador, por lo que se sugiere “reorientar las políticas” en ese rubro y promueve su desmilitarización y garantizar la participación ciudadana en el diseño de éstas.
“Es importante que en el marco del mejoramiento del sistema de justicia se adecuen las políticas de seguridad en el país para que contribuyan a la construcción de confianza entre la sociedad y las fuerzas de seguridad civil. Esto pasa por promover la observancia constitucional y avanzar hacia una paulatina menor intervención de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública”, se menciona.
También se formula que se debe cumplir la Constitución y avanzar en el fortalecimiento de instituciones de seguridad pública civiles, “mediante un diagnóstico detallado de cada fuerza policial para identificar sus debilidades y necesidades, asignando un presupuesto adecuado para garantizar prestaciones dignas, equipo y personal”.
Al presentar la propuesta, Norma Piña pidió a los legisladores no caer en la “narrativa fácil” de que «todos los problemas de seguridad y justicia en el país son culpa de los jueces».
“A partir del compromiso que asumí ante la ciudadanía y las autoridades nacionales, hoy pongo sobre la mesa propuestas concretas para un sistema integral de seguridad pública y justicia en México”, dijo.
Este mensaje se da en medio de protestas, en las que han participado estudiantes y profesores de Derechos, así como ministros, magistrados y trabajadores del Poder Judicial, quienes están en contra de la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues aseguran que ésta desaparece la carrera judicial.
La reforma del presidente de la República se discute en el Senado, donde ya fue avalada en comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos , por lo que el miércoles será discutida en el Pleno de la Cámara alta.
Hasta ahora, los 43 senadores de la oposición han asegurado que votaran en contra de esta modificación constitucional , por lo que de cumplirlo, ésta no pasará, ya que es necesario que Morena y aliados tengan 86 votos y les falta uno.
