Por Santiago de León Garza
La Reforma Judicial ha provocado una serie inédita de desacatos por parte del Congreso, la Presidencia y el Diario Oficial de la Federación, al ignorar suspensiones emitidas por jueces y magistrados. Este acto de desobediencia será revisado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para evaluar su constitucionalidad.
El conflicto surge de la reforma para cesar y elegir nuevos jueces, magistrados y ministros, lo que ha generado una negativa de los poderes Ejecutivo y Legislativo a acatar las órdenes judiciales. Expertos advierten que este comportamiento podría generar un precedente peligroso para el respeto del estado de derecho en México.
SUSPENSIONES IGNORADAS
Hasta el momento, diez suspensiones han sido emitidas en contra de la Reforma Judicial, de las cuales la mitad han sido desacatadas. A pesar de esto, jueces han convocado a audiencias para atender los incidentes, mientras la SCJN se prepara para revisar la reforma.
Entre el 4 y el 8 de octubre, las autoridades involucradas deberán justificar su desobediencia ante los tribunales. Sin embargo, algunas suspensiones siguen siendo ignoradas, como la que ordena detener la convocatoria para elegir nuevos jueces y magistrados.
GRAVES CONSECUENCIAS POR DESACATO
El desacato a resoluciones judiciales puede tener consecuencias legales graves, como prisión o inhabilitación de los funcionarios responsables. Abogados y especialistas han comenzado a interponer demandas de juicio político contra legisladores que desobedecieron las órdenes judiciales.
La situación plantea un grave riesgo para la estabilidad constitucional en México.
Si no se respeta el sistema de amparo y las suspensiones judiciales, el país podría enfrentar una crisis institucional sin precedentes, debilitando el equilibrio entre los poderes del Estado.
Este litigio podría prolongarse, pero los expertos coinciden en que la situación es preocupante. Ignorar una suspensión judicial no solo afecta la reforma en sí, sino que pone en peligro el equilibrio entre los poderes del Estado y la confianza en las instituciones jurídicas del país.
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