Los asuntos del gobierno de las instituciones de educación superior cada día son más complejos, no sólo porque las instituciones han crecido y multiplicado sus funciones y fines, sino porque sus problemas exigen nuevas soluciones, porque para su resolución se requiere de nuevos recursos económicos y de conocimiento; por lo demás, porque el mundo ha cambiado, ahora los universitarios están más informados y no se dejan encandilar por cualquier rollo sin conocimiento fundado.
Dice Luis F. Aguilar que la gobernanza por el gobierno, que exige un liderazgo fuerte, surge en sociedades débiles. Lo mismo aplica para las instituciones de educación superior, los liderazgos fuertes (personalistas) estuvieron asociados con las organizaciones con una frágil base pesada, mientras que a mayor consolidación académica es necesaria una nueva gobernanza, más orientada a una fuerte participación e intervención de los universitarios en la gestión cotidiana de la Institución.
Ahí radica uno de los retos principales de la coyuntura actual, en los últimos años las universidades han transitado hacia proceso de consolidación académica que exigen nuevos liderazgos, una nueva interlocución con los universitarios para construir consensos e integrar las distintas propuestas y expectativas de los universitarios.
Esos nuevos liderazgos para ser funcionales exigen una representación legítima de los valores y referentes académicos, amplia experiencia en la conducción de este tipo de instituciones; integridad en el sentido de un conocimiento fundado, técnicamente fiable, sobre la institución y sus problemas; credibilidad discursiva, no sólo rollo y simulación; independencia política respecto de los gobiernos y dispositivos efectivos contra la subordinación a intereses políticos mayores.
Las universidades están ante el reto de una nueva gobernanza, más participativa y comprometida de los universitarios; que genere condiciones de corresponsabilidad sobre la base de una amplia participación en la gestión, de una cogestión entre autoridades y los profesores y estudiantes universitarios.
Precisamente en esa nueva configuración es que desentonan las pretensiones de políticos profesionales que no tienen trayectoria académica relevante ni presencia institucional para querer dirigir la Universidad. Pareciera injustificado y un acto de desvergüenza querer utilizar a la Universidad como trampolín de sus trayectorias políticas, y sin embargo ahí están en plena campaña, utilizando todo su capital político para hacerse de la Universidad.
Las intromisiones del campo político en la Universidad han sido siempre un desastre para el cumplimiento de los fines académicos de la Institución. En la Veracruzana tenemos amplia experiencia al respecto pues además nuestra autonomía es muy joven. Funcionando como un sentido común sedimentado, los actores políticos tradicionales están acostumbrados a la dependencia orgánica de la Universidad respecto del gobierno del estado. Se olvida o se desconoce de manera deliberada la reforma de 1996 que le otorgó la autonomía a la Universidad.
Hace unos años, uno de los hechos más bochornosos que ha vivido la UV fue cuando de modo equívoco, violando la autonomía académica, un grupo de profesores vinculados orgánicamente al PRI, haciendo caso omiso de los valores universitarios, otorgaron primero la maestría y luego el doctorado en derecho al entonces gobernador Fidel Herrera. Estos ominosos hechos determinaron un fuerte conflicto institucional y la expulsión del posgrado del Conacyt.
Algo parecido está sucediendo en la actualidad, con las desesperadas pretensiones del consejero del INE por Morena, quien está operando una amplia campaña de medios y ha convocado a distinguidos militantes de Morena en la Universidad a sumarse a su candidatura. Pareciera que se está tejiendo un premio de consolación para el consejero que estaría pensando en brincar del INE a la UV antes de sufrir el destino de la dulce Eréndira.
El funcionario electoral, que sigue cobrando en el INE aunque se dedique plenamente a promover su candidatura en Veracruz, no puede presumir de haber hecho un buen papel como consejero electoral, ni de ser un funcionario exitoso, pues ha sido el responsable del peor momento de la relación entre el INE y Morena, contribuyó a agudizar el conflicto entre el INE y el gobierno, e incluso ante su incompetencia expuso indebidamente al Presidente de la República. Haciendo gala de las peores prácticas políticas del viejo régimen, no ha terminado su encomienda en el INE, sigue disponiendo desde ahí de amplísimos recursos y visibilidad, y ya se dedica de lleno a una campaña por la rectoría de la UV, recurriendo a las más trilladas formas de comunicación: inserciones, publirreportajes, conferencias de prensa en lujosos restaurantes.
El consejero, acostumbrado a la arena política (que no es la universitaria) es un aspirante que amenaza con litigar las decisiones de la Junta, antes de que éstas sucedan. Es un aspirante que dice a cumplir con los requisitos mínimos para participar; en contrapartida de aspirantes que presentan los máximos criterios de reconocimiento y experiencia académica. Es un aspirante que dice conocer a la UV porque escribió una tesis de licenciatura con una perorata sobre la Universidad. El consejero no pertenece al claustro de profesores universitarios ni tiene una trayectoria académica reconocible.
Así como el consejero electoral otros políticos profesionales aspiran a ser reconocidos por la Junta de Gobierno para participar en el proceso de renovación de la rectoría de la Universidad; para evitar litigios a futuro y para salvaguardar la autonomía la Junta debería rechazar su registro y acotar el juego entre los académicos de la Universidad.
POR: Miguel Casillas
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