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El Senado aprueba el “plan B” de la reforma electoral de López Obrador

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El proyecto fue avalado sin la polémica cláusula de la “vida eterna”, que permitiría la transferencia de votos en una coalición.

El Senado mexicano ha aprobado la tarde de este miércoles el “plan B” de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El proyecto fue avalado con 72 votos a favor y recibió 50 en contra, sin ninguna abstención. Lo aprobado ha dejado fuera la polémica cláusula de la “vida eterna”, una premisa que permitía que entre partidos de una misma coalición se puedan transferir votos y que fue impulsada por los aliados de Morena: el Partido Verde y el Partido del Trabajo. La oposición, que ya se preparaba para marchar el próximo domingo a favor del Instituto Nacional Electoral (INE), ha lamentado la aprobación de la propuesta, que ahora será enviada al Poder Ejecutivo para ser promulgada.

Con el aval de este miércoles, el presidente ha logrado concretar su “plan B” a la iniciativa original para modificar el sistema electoral mexicano. Una primera parte relacionada con la propaganda gubernamental ya había sido aprobada a finales del año pasado. Pero este segundo grupo de modificaciones a las leyes se vio envuelto en el escándalo a partir de la cláusula, que en términos prácticos dificultaba la desaparición de partidos políticos con poco apoyo electoral. La discusión sobre este punto generó una demora en la aprobación, que el oficialismo esperaba sacar adelante el pasado diciembre y recién lo ha logrado este miércoles.

Las comisiones del Senado discutieron y aprobaron esta misma semana el proyecto para sacar adelante de manera práctica todas las leyes en las que había consenso y dejar el artículo de la “vida eterna”para tratar en posteriores discusiones legislativas, como contó este periódico el pasado lunes.

El proyecto aprobado este miércoles impactará directamente en el INE que se prepara este año para los comicios en dos Estados —Estado de México y Coahuila— y, dentro de un año y medio, las elecciones presidenciales. El árbitro electoral había reclamado que la reforma de López Obrador implicaba un drástico recorte en el presupuesto del organismo, que a su vez se traduciría en unos 6.000 despidos. Algunos de los consejeros incluso habían asegurado que tal medida podía llegar a poner en riesgo la organización de los procesos electorales.

La senadora del PRI Claudia Ruiz Massieu protestó este miércoles contra Morena por aprovechar su amplia mayoría para “dinamitar los cimientos” de las instituciones democráticas. “Las reformas electorales siempre se han construido con la pluralidad, no desde y para el poder. No buscan mejorar el sistema sino hacerlo a modo para tener ventajas indebidas, para que sus candidatos y funcionarios puedan tener los dados cargados”, ha dicho. La sesión en el Senado estuvo cargada de tensiones y acusaciones cruzadas, en parte por la reciente condena contra el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna (PAN). Una enorme pancarta colgada por Morena con la cara de zar antidrogas de Felipe Calderón vinculaba la defensa del exfuncionario con la marcha del próximo domingo. Del otro lado, una pancarta de similar tamaño llamaba a participar de la concentración.

Entre los senadores del PAN, quienes cargaron contra la reforma, estuvo Lilly Téllez, quien acusó a senadores de Morena de haber “vendido la patria” a cambio de unas bolsas con dinero. “Lo que propone el Gobierno es la destrucción del INE, porque López Obrador va a meter mano para hacer trampa en las próximas elecciones”, ha asegurado. Su compañero de bancada, José Erandi Bermúdez, ha agregado que el oficialismo habla del dinero del INE, “y no de los 12.500 millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación dice que se robaron en Segalmex en esta Administración”.

Gran parte de los opositores señalaron que impugnarán “el plan B” ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Uno de los ministros del tribunal, Alberto Pérez Dayán, justo admitió a trámite este martes acciones de inconstitucionalidad presentadas por la oposición a la primera fase de la reforma y ordenó, al menos de momento, que los cambios no sean aplicados a las elecciones en Coahuila y el Estado de México de cara a los comicios de este año.

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