Ricardo Del Muro / Austral
La madrugada del viernes 26 de mayo, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) rescataron a 175 migrantes indocumentados que viajaban hacinadas en la caja de un tráiler que circulaba por Chiapa de Corzo. Este no es el primer vehículo que es detenido en esta carretera. El transporte ilegal de migrantes se realiza en forma constante, desde Ciudad Cuauhtémoc hasta San Cristóbal de las Casas y después hasta los municipios de Oaxaca, en su ruta hacia el norte del país.
El tráfico de migrantes genera ganancias de aproximadamente 615 millones de dólares, según estimaciones derivadas de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur. Durante el año pasado, el INM localizó a más de 5 mil migrantes que viajaban escondidos en tráileres, camiones de carga o tractocamiones.
Regularmente se logra detectar a algunos vehículos, principalmente tráileres, que llevan ocultos a migrantes, pero en otras ocasiones se descubre el tráfico debido a los accidentes carreteros que dejan un saldo de gran número de migrantes muertos y heridos.
Hasta el momento, el mayor accidente de un tráiler que transportaba migrantes ocurrió el 9 de diciembre de 2021, dejando un saldo de 56 personas muertas. A pesar de que el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard anunciara la creación de un grupo de acción contra la red de traficantes de personas responsables del accidente en Chiapas, hasta el momento no hay avances y se desconoce si continúan las pesquisas.
Otra tragedia se registró el 26 de junio del año pasado, cuando se descubrieron los cuerpos sin vida de 51 migrantes, incluidos niños, en el interior de la caja de un tráiler que fue abandonado en San Antonio, Texas.
Los vehículos involucrados han sido abandonados y nadie ha informado si éstos contaban con reportes de robo o quiénes eran sus propietarios; tampoco han sido molestados los dueños o concesionarios de las empresas transportistas. Se trata de un sector que, obviamente, es poderoso.
Recientemente, la Suprema Corte de justicia de la Nación (SCJN), resolvió en junio de 2022, que se impondrán penas de entre ocho y hasta 16 años de prisión, previstas en el artículo 159, fracción tercera, de la Ley de Migración para castigar el delito de tráfico de indocumentados.
Apenas la semana pasada, el secuestro de 50 migrantes en la zona de Matehuala, San Luis Potosí, generó que el gobierno federal iniciara una investigación de empresas transportistas, “porque se presume que existe una relación de complicidad con traficantes”, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por su parte, las autoridades de San Luis Potosí han pedido que se endurezcan las sanciones contra los transportistas que trasladen migrantes de manera ilegal. Esto se debe a que el estado ha sido utilizado como punto de paso por los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, y se busca poner un alto a esta situación.
Las autoridades han señalado que los transportistas que sean sorprendidos con migrantes en su vehículo deberán ser detenidos y llevados ante las autoridades correspondientes.
A su vez, las autoridades federales deben cancelar licencias y permisos de circulación, así como aplicar las sanciones correspondientes, a los transportistas que facilitan el traslado de personas de diversas nacionalidades desde la frontera sur de México. RDM
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