¿Cuál será el mínimo equilibrio de los poderes públicos en el México actual
en el triángulo ejecutivo, legislativo y judicial?
Difícil saberlo cuando el gobierno y su cuarta transformación pretenden
aplicar cambios de fondo en todos los órdenes, a veces con tino y otras veces muy exacerbados que traen a la sociedad muy polarizada.
Por lo pronto el presidente Andrés Manuel López Obrador puede asegurar
una buena marcha en sus cambios legales al tener a sus partidarios en
mayoría en el Congreso de la Unión –tampoco hay que espantarse por eso,
pues allí operan también acuerdos desde siempre- al menos para lograr
asuntos con mayoría simple y mayores dificultades en los constitucionales,
en donde no le alcanza sin alianzas partidistas.
Hacia el Poder Judicial el asunto cambia radicalmente, pues en el único que
confía en abierto es en el Ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo
Zaldívar y los diez integrantes más no los baja de emisarios del pasado y
causantes en buena parte de los efectos de la política neoliberal a la que
tanto cuestiona un día sí y otro también.
A saber los datos con los que cuenta en su despacho; pero eso sí
responsabiliza a ese poder de corrupción, nepotismo, acoso sexual y por
estar lejos de la población más vulnerable ¿Cómo responderán éstos a tales
percepciones? Y algo que influye son los muy altos salarios que perciben, de
unos 380 mil pesos por mes, fuera de impuestos.
El viernes anterior el ministro Zaldívar apartó su intención de ampliar
mandato como lo propuso el presidente y aprobó la Cámara de Diputados e
informó que concluirá su periodo en diciembre del año entrante, como
marca la Constitución y periodo para el que fue electo por sus pares, aunque además de cumplir con sus atribuciones también tendrá que hacer muchas más transformaciones que equilibren sus relaciones dentro de ese poder, con el ejecutivo e incluso con el Congreso. Tarea nada sencilla dadas las ancestrales inerciales muy facciosas en la aplicación de la justicia en el país.
Atraques
- Sin reserva alguna la consulta última sobre juicio a los expresidentes
recién iniciado el mes, muestra un Instituto Nacional Electoral eficiente y oportuno pues desde la misma noche ya había resultados
preliminares de quienes acudieron a votar. Lo que no encaja es su
presidente Lorenzo Córdova y el consejero Ciro Murayama, que ya son
otro asunto y que pocos, incluso fuera del gobierno, pasan. - José Luis Vargas, uno de los dos presidentes del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, tendrá que renunciar muy pronto y
responder las graves acusaciones de corrupción que ya está en manos
de la Fiscalía General, esto en medio de resoluciones pendientes de las
elecciones de junio anterior. - El Covid sigue haciendo de las suyas y el gobierno tendrá que echar
reversa a su intentona de hacer regresar los estudiantes de todos los
grados a los planteles a finales de este mes, así como abrir del todo la
economía, vaya dilemas. - Los datos de pobreza extrema en el país aumentaron según los datos
del Consejo Nacional de Evaluación (Coneval), en gran parte
precisamente por la contracción económica causada por el virus Covid
en el mundo que trae de cabeza a todos los gobiernos. Ojalá se
controle esta nueva oleada.
Escritor y periodista
