Procedentes de un lugar conocido como La Técnica, en el Petén guatemalteco, cientos de migrantes diariamente cruzan en lanchas el río Usumacinta, para desembarcar en Frontera Corozal, una población ubicada en el extremo sur de la selva Lacandona, donde es mínima la vigilancia policiaca y no hay controles de migración.
Es una frontera en medio de la selva; en la otra orilla del Usumacinta, se encuentran las poblaciones guatemaltecas de Cooperativa La Técnica Agropecuaria y Betel. Allí operan grupos de coyotes y polleros que conducen a los migrantes por una ruta que, mediante contactos con agentes policiacos y de migración, evaden los controles del INM, pasan por Palenque y Villahermosa para llegar a Coatzacoalcos.
Todo el pueblo vive del cruce de migrantes: los polleros, los restaurantes, los hoteles, todos. Se estima que al mes cruzan entre 4 mil y 6 mil extranjeros, en su mayoría procedentes de Honduras y Guatemala, que necesitan alimentos,
medicinas, hospedaje y transporte.
La economía de Frontera Corozal está ligada a la migración pero también al turismo, porque allí está ubicado el Centro Ecoturístico Escudo Jaguar y es uno de los puntos de acceso a los sitios arqueológicos de Yaxchilán y Bonampak, además de Tikal en Guatemala. Muchos de los habitantes de esta población trabajan en taxis y camiones que cobran un promedio de 1,800 pesos por persona para transportarlas a Palenque, Ocosingo y Coatzacoalcos.
Sin embargo, la inseguridad que hay en la zona ha repercutido en una drástica disminución del turismo, actividad que prácticamente se paralizó en durante la pandemia de Covid, lo que fue un duro golpe para la economía local.
Hace un mes, se realizó una multitudinaria marcha de indígenas choles, habitantes de Frontera Corozal, para exigir la presencia de las fuerzas de seguridad federales, debido a que integrantes de grupos del crimen organizado pretenden cobrar derecho de piso en la zona.
Al ver que las autoridades no atendieron su demanda, el jueves 12 de octubre (curiosamente, el Día de la Raza), decidieron retener a ocho policías estatales, entre ellos una mujer, por presuntos vínculos con grupos de la
delincuencia organizada.
Un día antes, se había convocado a una asamblea de campesinos, pues detectaron a un grupo armado que iba a desalojar a un destacamento de la Guardia Nacional, pero “salieron comentarios de que entre la gente mala hay
algunos pobladores de Frontera Corozal”.
La comunidad, de acuerdo con la información publicada en La Jornada, “empezó a hacer detenciones y los pobladores fueron confesando quiénes están involucrados en actos ilícitos, entre ellos, elementos de la policía estatal a los que
se les paga por hacer fechorías como tráfico de humanos”.
Al cumplirse el domingo, 72 horas desde el secuestro de los ocho policías, sus familiares realizaron un bloqueo en el Libramiento Sur Oriente de Tuxtla, frente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Exigieron que sus mandos y las autoridades estatales intervengan para liberar a Ramón Sánchez Cruz, Gilberto Naguelú Moreno, Juan Carlos Hernández Salinas, Edivaldo Vázquez Pérez, Pascual Roque Bolón, Julio César Bolón
Martínez, Daniel Alberto Gómez Jiménez y la oficial Tania Alejandra Sánchez Blas.
Un representante de la SSyPC dijo a los familiares que ya sostienen reuniones de diálogo en Palenque con miembros de la comunidad, para lograr la liberación de los ocho elementos de la Policía Estatal Preventiva.
Un hecho similar ocurrió en septiembre del año pasado, cuando fueron secuestrados cuatro agentes del Instituto Nacional de Migración y siete elementos de la Guardia Nacional, que estuvieron retenidos por cinco días en una jaula de madera y un pozo, en un poblado de Frontera Corozal, denominado El Chikle.
De acuerdo con reportes periodísticos, los agentes federales fueron liberados una vez que las autoridades entregaron a José Moreno y Adolfo Avendaño, quienes habían sido detenidos el 31 de agosto, acusados de traficar con migrantes.
Sin embargo, la Guardia Nacional tuvo que pagar 150 mil pesos debido a que la comunidad que retuvo a los agentes los acusó de que transportaban sin permiso legal tres loros cabeza roja, considerados en peligro de extinción.
Moreno y Avendaño habían sido capturados en la zona de Chancalá, a unos kilómetros de Palenque, debido a que en los vehículos de transporte público que conducían llevaban a varios migrantes. RDM.
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