POLÍTICAMENTE INCORRECTO
Alberto Francisco Olaya Ávila
Cobra importancia el debate, si es que se le puede llamar de esa manera, sobre el tema de la militarización de los cuerpos nacionales de seguridad pública, llámese Guardia Nacional, como lo planteó este régimen, Gendarmería como lo quería llamar Peña Nieto o Policía Federal Preventiva
como lo diseñó Felipe Calderón, sobre todo después de los lamentables acontecimientos de la semana pasada, donde delincuentes atentaron contra negocios particulares y asesinaron a 11 personas de la sociedad civil en Chihuahua. Entre los muertos están 4 trabajadores de una estación de radio.
Además de la gran cantidad de actos delictivos registrados en varios estados del país, que han acumulado un número importante de personas fallecidas (Tan solo en los hechos de la semana pasada murieron 260).
A lo largo de los años, ya que la lucha política gusta dividirlos en periodos sexenales, además de los impactos económicos que representa la sobre tributación delictiva al sector productivo, la extorsión ha aumentado en un 50%. Desde las empresas más pequeña hasta las más grandes, que
se ven afectadas con el famoso cobro de piso y que provoca el cierre de negocios en varias regiones del país.
Históricamente ha quedado demostrado que cuando la propuesta de militarizar la seguridad pública viene del oficialismo, llámese 4T, Pacto por México, la guerra contra el narco o como le quieran llamar, los adversarios del régimen en turno se oponen con el pretexto, y con razón, de que es inconstitucional y que son los inicios del autoritarismo. Lo cierto es que las fuerzas armadas son las mejor capacitadas y equipadas, para garantizar la soberanía del país en contra de otra nación en cumplimiento de su razón de ser. Aunado a ello también cuentan con los recursos y la inteligencia que no tienen las policías estatales y menos las municipales, para enfrentar la fuerza y armamento de lo que nos estamos acostumbrando a llamar el crimen organizado.
Además del argumento jurídico, lo que ha impedido concebir la idea de que sea la fuerza militar la encargada de la seguridad de los ciudadanos en el país, por un lado, son los oscuros antecedentes de la milicia como protagonista de la matanza estudiantil del 68 y las ejecuciones, según algunos, extrajudiciales; además del presunto involucramiento en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, entre otros muchos casos de violaciones a los derechos humanos.
Tal vez sea por esto que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su desesperación por lograr el respaldo de las fuerzas armadas en la seguridad pública, recurra más que a la modificación a la Constitución Política (no tiene los votos suficientes en el congreso) a un decreto presidencial que oficialice su estrategia de seguridad con el respaldo militar, eso sí, manteniendo
su estrategia de abrazos, no balazos, lo cual no tiene ningún sentido.
Es políticamente incorrecto respaldar la idea de lo que representa la militarización del país, pero dadas las circunstancias de violencia e impunidad que se vive en gran parte del territorio nacional, pareciera que no hay otra salida, que recurrir al ejército y a la marina, para recuperar y garantizar
la seguridad de los ciudadanos en las calles, por lo que, si hay que hacer reformas constitucionales, es tiempo de no regatear políticamente los acuerdos y ver más de cerca que la militarización de los cuerpos de seguridad pública es necesaria.
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