El el arranque de la llamada cuarta trasformación enunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador hace manifiestas sus intenciones básicas: recuperar la rectoría del gobierno de la política y de la economía y desde ahí abatir impunidad y corrupción, fortalecer desarrollo, seguridad y continuar, si todo sale bien, en el poder transexenal.
Está en pleno derecho y obligación constitucional de hacerlo, aunque es evidente que al poner orden en el caos dejado por gobiernos que le antecedieron está sacando chispas.
Generalizar tampoco conduce a nada positivo. Hubo funcionarios probos que evitaron quizá mayores desajustes en los distintos órdenes de la vida pública, en todas las esferas y en todos los poderes, aunque sí una gran mayoría empleó los cargos sólo para el enriquecimiento personal sin medir las consecuencias de sus actos y de acrecentar pobreza en un país que tampoco las trae todas consigo.
Ejemplos hay muchos: desde presidentes, secretarios de estado, gobernadores, alcaldes y un sinfín de funcionarios que la hicieron, como se dice, gacha en detrimento de las leyes y de la sociedad.
De ahí que López Obrador obtuviera la presidencia con la votación más alta soñada por sus predecesores en el cargo máximo de la política nacional.
También el índice demográfico cambio del siglo XX al XXI. Ahora hay 130 millones de habitantes, lo que implica atender las necesidades primarias y secundarias de una sociedad inmersa en cambios científicos y tecnológicos sin precedentes.
Ahora México es un país con 35 por ciento de su población en edad joven, unos 40 millones de niños, adolescentes y menores.
Recordemos que cuando menos hay siete millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, que ahí se la llevan; sobreviven y están a expensas de caer al servicio de la distribución o venta de drogas u otros delitos inherentes a la marginación, generalmente. Y según el INEGI, cuatro millones de niños que no van tampoco a la escuela.
Cómo generar salud, educación, empleo en una era en que la industrialización está a cargo de máquinas y computadoras, una de las poreguntas.
Son pues muchos los dilemas a los que se enfrenta el gobierno, cuando además de pilón hay 50 millones de connacionales en condiciones de pobreza y pobreza extrema, en comunidades muy dispersas y lejanas, a las que es difícil dotar de infraestructura y servicios básicos.
Por eso López Obrador, que lo sabe y ha estudiado, tiene prisa, lo que no significa que deje de considerar que muchos factores de la economía son reglas globales muy difíciles de romper o modificar; si no, que le pregunten al vecino del norte.
En tanto, lo que se solicita es que no por traer prisa se transgreda principios constitucionales básicos ni sus leyes secundarias, ni se trastoquen los necesarios equilibrios de poder en una democracia sustentada, esperemos, en un estado de derecho.
Atraques
- La Auditoría Superior de la Federación descubre que los gobiernos estatales dependen de la federación para obras de infraestructura básica. Nada nuevo en un régimen que recauda la mayor parte de los impuestos, 90 por ciento, para a su vez redistribuirlos, a veces sin equidad mínima. Es otro pendiente que estará en la mesa de López Obrador.
- En materia de protección a la naturaleza y medio ambiente las autoridades federales, estatales y municipales, van a paso más lento que las tortugas. Si en el ámbito externo hay avances y retrocesos, México ha de quedar en los primeros, así que mucha plática y poca acción.
- Pemex tiene que salir a flote en el ámbito financiero y calificar bien para las inversiones que se requieren y que el gobierno, solo, no puede. De paso que cumpla con sus propios ordenamientos, porque de que contamina, contamina. Si no, darse una vuelta al río Coatzacoalcos que desde su origen ya viene afectado y culmina con los residuos de los complejos y refinería.
Escritor y periodista
