Santiago de León Garza
La aprobación de la reforma constitucional que da prevalencia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las empresas privadas en la generación de energía eléctrica ha generado una intensa polémica, ya que parece una estrategia repetida de Morena para retomar la fallida reforma eléctrica de López Obrador que fue detenida por la Suprema Corte en 2021. Esta reforma, apoyada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el bloque de Morena, fue aprobada sin contratiempos en la Cámara de Diputados, lo que evidencia la capacidad del oficialismo para imponer su agenda legislativa, pero no sin críticas contundentes de la oposición.
El argumento de los promotores es que esta modificación busca fortalecer a la CFE y asegurar un suministro energético accesible para la población, lo cual se presenta bajo la retórica de proteger la soberanía nacional y los intereses del pueblo. No obstante, el fondo de esta reforma refleja una concentración del control energético en el Estado, lo que ha sido señalado por analistas y opositores como un retroceso hacia modelos centralizados y obsoletos que ignoran las dinámicas actuales del mercado energético global.
La oposición ha advertido que esta reforma podría generar efectos económicos y ambientales adversos. Al reducir la participación de las empresas privadas a solo un 46 % del mercado energético, se eliminan los incentivos para la inversión privada, tanto nacional como extranjera, lo que podría desacelerar la modernización del sector. Además, las críticas han subrayado que la reforma desincentiva la inversión en energías limpias, ya que se prioriza el despacho de electricidad de la CFE, cuyos métodos de generación siguen siendo en gran parte dependientes de combustibles fósiles, lo que resultaría en un incremento de emisiones contaminantes y mayores costos de generación.
EFECTOS INTERNACIONALES
En el contexto internacional, la aprobación de esta reforma podría generar tensiones con los principales socios comerciales de México, como Estados Unidos y Canadá, dado que contradice algunos de los principios establecidos en el T-MEC, el cual protege la participación privada en sectores estratégicos como el energético. Este aspecto legal, según legisladores opositores, pone a México en riesgo de enfrentar controversias internacionales y sanciones por violar compromisos comerciales.
El desdén hacia los mecanismos judiciales y los tratados internacionales refleja una peligrosa tendencia a priorizar agendas políticas sobre la seguridad jurídica y económica del país. Como ya sucedió con la reforma eléctrica previa, existe la posibilidad de que esta nueva iniciativa sea igualmente detenida por el Poder Judicial, pero mientras tanto, el desgaste político y la incertidumbre en el sector energético siguen en aumento, afectando la imagen de México como un destino atractivo para la inversión.
¿ELECTRICIDAD MÁS BARATA?
La eliminación de los párrafos que hacían referencia a la transición energética y la sostenibilidad, aprobada como reserva por Morena, solo refuerza la percepción de que este gobierno prioriza el control estatal a expensas de la innovación y el desarrollo sustentable. La promesa de proveer electricidad más barata para el pueblo parece más un eslogan político que una realidad alcanzable bajo este nuevo esquema.
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