Los temblores y sus réplicas en diversas regiones del territorio nacional aún siguen dando sustos, ya no se sabe si son oscilatorios, trepidatorios, o juntos, tantos como los derivados de Ayotzinapa.
Fuerte prueba de ello es la filtración de un informe en torno a la desaparición y presumible crimen de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, lo que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, con justa razón pregunta y exige una investigación de tal reporte que era de máxima reserva en las investigaciones de la Fiscalía General de la República. Sobre todo porque tales revelaciones involucran a autoridades municipales, estatales, federales, delincuenciales, entre ellos el mismo expresidente Enrique Peña Nieto, de la supuesta verdad histórica que parece relativa cada día más.
Encinas tiene toda la razón, pues tales revelaciones publicadas el sábado en el diario Reforma -firmado por las periodistas Guadalupe Irízar y Peniley Ramírez- entorpecen la investigación de las autoridades de justicia y afectan a los padres de familia de los 43 desaparecidos, en Iguala, Guerrero, hace ocho años.
“Condeno la lamentable filtración de la información entregada a la FGR México por la Comisión de #Ayotzinapa. Es absolutamente irresponsable y una falta de respeto a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos; este tipo de filtraciones, lejos de ayudar a la investigación, la perjudican y abren paso a la impunidad”, sostuvo y exigió una investigación a la FGR.
¿Qué dirá el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, su jefe directo, al respecto; el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero y; el presidente López Obrador ¿discutirá el tema en el Consejo de Seguridad este mismo lunes?
Grave porque esa filtración revela, entre otros datos, que el expresidente Enrique Peña Nieto habría propuesto un acuerdo al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, que incluía sacarlo de México a cambio de que se responsabilizara de la desaparición de los 43 normalistas y de paso que las autoridades de todo nivel montaron una operación para desenterrar los cuerpos de los jóvenes de fosas cerca de Iguala y llevarlos al 27 Batallón de Infantería.
Luego de tantos ires y venires en torno a este caso la sociedad de nueva cuenta queda inerme ante estas tropelías que involucran a funcionarios de diverso orden con grupos delincuenciales, al grado de ya no se sabe lo que se sabe de este tremendo caso, el cual se suma a una historia de actos no aclarados por la justicia.
Ya veremos los resultados de este auténtico terremoto político y social.
Atraques:
1. En serios aprietos las relaciones entre el poder ejecutivo y el judicial ante la descalificación que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador de jueces y magistrados, en muchas oportunidades no exento de razón, aunque también incorporar en las críticas a la autónoma Fiscalía General de la República, cuyos agentes y ministerios públicos tienen que presentar las pruebas bien en el sistema penal acusatorio.
2. La militarización de la seguridad pública se esclarecerá quizá esta misma semana, cuando el pleno del Senado vuelva a discutir esta participación incluso hasta 2028.
3. Beatriz Paredes trabaja intensamente en ser considerada como posible candidata de una amplia alianza desde el PRI y otras fuerzas políticas a la presidencia, lo cual está en su pleno derecho, salvo que hay generaciones.
Escritor y periodista