Es necesario estudiar el problema desde un punto de vista estructural, analizando todas las causas sociales y económicas.
No tener acceso a los derechos de salud sexual y reproductiva es una de las formas más extremas de violencia hacia las mujeres, por lo que es necesario estudiar el problema desde un punto de vista estructural, analizando todas las causas sociales y económicas, aseguró Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ).
Durante su participación en el panel Igualdad de género y salud sexual y reproductiva, organizado de manera conjunta por el IIJ y la embajada de Italia en México, González Contró subrayó que no es suficiente con establecer de manera institucional clases de educación sexual en todas las escuelas o repartir condones entre los jóvenes para prevenir el embarazo y la maternidad de adolescentes, la cual es una concepción absolutamente errónea que no está dando resultados.
Insistió en que se deben estudiar a fondo las causas estructurales de la violencia de género y terminar con toda clase de estereotipos que discriminan a las mujeres: “Los estereotipos de género los tenemos metidos hasta la médula, entonces si no hacemos algo por cambiar la manera en la que se miran las mujeres, las adolescentes, la sexualidad, no vamos a lograr revertir esta situación”.
De la misma forma, añadió, se pretendió resolver el problema de la violencia de género eliminando algunas barreras y poniendo cuotas de género, suponiendo que la igualdad se va a alcanzar de manera natural, cuando en realidad es una problemática mucho más compleja que implica todo un sistema de relaciones asimétricas de poder, de privilegios y de patriarcado, a los cuales difícilmente se va a renunciar.
Por otra parte, la directora del IIJ se refirió a la necesidad de poner una mirada interseccional sobre la violencia de género hacia las niñas, lo que implica otorgar una mayor potenciación a los efectos de la discriminación y analizar las interacciones entre los distintos ejes de discriminación.
“Aquí es muy importante mencionar que los efectos psicológicos de la violencia y en específico la violencia que afecta los derechos sexuales, sumado a los mensajes sociales de discriminación que se reproducen en los medios de comunicación, terminan generando en las niñas entornos de desconfianza en sí mismas.”
Por su parte, Raffaela Schiavon, consultora independiente, resaltó que la salud de las mujeres no se limita únicamente a la salud sexual y reproductiva, de la misma forma que la equidad no es sólo de género, pues existen múltiples factores sociales que son determinantes y condicionan de manera muy dura las inequidades en materia de salud sexual y reproductiva.
Agregó que la mortalidad materna y la maternidad temprana son claramente dos de las principales manifestaciones de injusticia reproductiva, en donde las víctimas son mujeres, niñas y adolescentes.
“Son el grupo más vulnerable, las más jóvenes, las pobres, las expulsadas de la escuela, las indígenas y las mujeres que viven en pequeñas comunidades rurales.”
Recordó que la salud sexual y reproductiva es un derecho humano reconocido internacionalmente en el consenso del Cairo en 1994, en donde quedó establecido que una buena salud sexual y reproductiva es un estado general de bienestar físico mental y social en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, y entraña la capacidad no sólo de reproducirse, sino también de disfrutar una vida sexual satisfactoria y sin riesgo.
Enfatizó en que de acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el trabajo, la pobreza y la salud son otros determinantes en donde se registran las inequidades de género.
De manera destacada señaló que, en la participación laboral de las mujeres se observa una segregación de género vertical, en donde las mujeres ocupan lugares de trabajo con menor remuneración, además de una segregación de género horizontal al ocupar trabajos subvalorados y altamente feminizados, como el pequeño comercio o el trabajo doméstico remunerado.
El embajador de Italia en México, Luigi de Chiara, subrayó que aun cuando en México existe una buena legislación de avanzada en materia de igualdad y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes el problema es la falta de implementación y de recursos que ayuden a impulsar los cambios necesarios. “Es importante canalizar mayores recursos que permitan dar mayor velocidad al proceso de cambio cultural, y en este punto resulta fundamental una participación mas activa de la sociedad civil”.
