Si no contamos con ésta, tampoco puede haber para grupos históricamente discriminados, aseguró Mónica González Contró.
La paridad de género en el Poder Judicial es cada vez más importante porque este es el garante último de un derecho que involucra a otros que es el de acceso a la justicia; si no tenemos el principio de igualdad aterrizado en la misma composición de dicho poder, no podemos tampoco garantizar el acceso a la justicia, no sólo para las mujeres sino para grupos históricamente discriminados.
Así lo planteó, Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), quien agregó que se vuelve vital pensar de manera conjunta en cuáles son las mejores fórmulas para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, que es finalmente el objetivo último de las acciones de estas políticas.
Hay que idear, agregó: “una agenda regional, con acciones conjuntas que permitan caminar para tener mayores puestos y poder garantizar y enriquecer la perspectiva de acceso a la justicia. Es una agenda necesaria, enriquecer con la mirada de las mujeres el acceso a la justicia en todos los países de América Latina”.
Al intervenir en la Mesa de análisis “Paridad de Género en el Poder Judicial: hacia una agenda regional”, moderada por María Elisa Franco Martín del Campo, investigadora del IIJ, González Contró, señaló que aun cuando se ha visto que las cuotas son la única herramienta que ha funcionado realmente para que haya una igualdad en el acceso a los puestos de decisión pública, “tenemos que seguir cambiando todas las estructuras sociales”.
“Modificar las percepciones culturales que impiden que esto se dé de una manera espontánea, sin que haya la necesidad de seguir estableciendo cuotas para alcanzar esa paridad”, destacó.
Feminizar lo público
Alejandra Mora Mora, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos (OEA), indicó que América Latina es la región con más mujeres parlamentarias de todo el mundo: sin embargo, nos obliga a mirar qué es lo que ocurre en los puestos de designación, no sólo de representación.
“Hay que feminizar el mundo de lo público. Si las mujeres somos la mitad de la población, tenemos que estar representadas, ya no es un tema de cuota, sino de distribución y de justicia distributiva. Una composición diversa otorga a las decisiones un carácter de integralidad, que es imposible de manejar cuando hay sólo una mirada. Es un tema estructural de la sociedad, no exclusivo de las mujeres”, explicó.
Informó que según cifras de la instancia que preside, Europa tiene una media de participación de 54 por ciento de mujeres en los poderes judiciales, América cuenta con 51 por ciento en las judicaturas, no obstante, la media en los espacios de decisión de los poderes judiciales en la región es de 27.5 por ciento.
“Los países que están por debajo de este promedio son Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Perú; pero hay otros que se encuentran entre 30 y 40 por ciento como Chile, Salvador, Honduras y México; y entre 40 y 50 por ciento están Guatemala y Uruguay, Ecuador está sobre la paridad, y naciones como Surinam, Jamaica y Barbados alcanzan más de 68 por ciento”, detalló.
En su oportunidad, Diego García-Sayán, relator especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de Naciones Unidas expuso algunos de los puntos que se han formulado al interior de dicho organismo global para alcanzar la paridad en al ámbito judicial.
Algunas recomendaciones consisten en implementar el sistema de cuotas de género, pero como un mecanismo transitorio, que permita acelerar dicho proceso, fijarse además el año 2030 para que al menos 50 % de las altas cortes de justicia estén integradas por mujeres.
