ANTE EL GRUPO DE TRABAJO DE LA ONU SOBRE LA DETENCIÓN ARBITRARIA, EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN REFRENDA SU OBLIGACIÓN Y COMPROMISO PARA COMBATIR ESTA PRÁCTICA
La ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta del Poder Judicial de la Federación (PJF), refrendó las obligaciones y el compromiso, tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (La Corte), como del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), con el combate a las detenciones arbitrarias.
“Estamos comprometidos —no solo por obligación constitucional y convencional, sino por genuina e inquebrantable convicción— con la protección fundamental de la dignidad de las personas, el debido proceso y el acceso a la tutela efectiva que encuentra en el combate a las detenciones arbitrarias una de sus más altas expresiones y razón de ser”, afirmó ante los integrantes del Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria (GTDA).
Acompañada de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat y del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, así como de los consejeros de la Judicatura Federal Sergio Javier Molina Martínez y Bernardo Bátiz Vázquez, junto con la Magistrada Taissia Cruz Parcero, titular del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Alejandra Rabasa Salinas, titular de la Unidad de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de La Corte y el Juez Antonio González García, titular de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal del CJF; la ministra presidenta recibió ayer a la delegación del GTDA, a más de 20 años de su última visita a México.
Asimismo, aseguró que el PJF ha tomado atenta nota de las casi 50 opiniones que desde el 2002, este Grupo de Trabajo ha emitido al Estado mexicano, en casos puntuales sobre detenciones arbitrarias. Anunció que entregará un informe detallado sobre los principales temas de interés para el GTDA, entre otros: el estado de la consolidación del sistema de justicia penal acusatorio, así como las resoluciones judiciales relativas a la ampliación de la intervención de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública y el abuso de la prisión preventiva oficiosa.
La ministra presidenta comunicó que, a finales de este año, desde La Corte se publicará un protocolo de actuación para personas juzgadoras y defensoras públicas, precisamente sobre la legalidad de las detenciones en el sistema penal acusatorio con el objetivo de brindar herramientas prácticas y útiles para que los operadores de justicia, al resolver los casos que se someten a su consideración, tengan una actualización de los precedentes jurisprudenciales y estándares internacionales aplicables a la materia.
Ante las preocupaciones específicas del GTDA relativas a la persistente impunidad frente a los agentes que llevan a cabo detenciones arbitrarias, la ministra Norma Piña explicó cómo se ha reforzado -desde las sentencias de La Corte- la protección de las personas a través del registro de cada detención, obligación a la que están sujetas todas las autoridades que realizan labores de apoyo a la seguridad pública, incluyendo a las que pertenecen a las fuerzas armadas.
La ministra Norma Piña resaltó el valor indispensable de la independencia judicial, que debe reflejarse en condiciones políticas, jurídicas y materiales que garanticen la actuación imparcial y efectiva de la judicatura, sin riesgos a la seguridad personal, a la estabilidad laboral y financiera, ni a la continua profesionalización de los integrantes de la judicatura.
Al respecto, Matthew Gillett, integrante del GTDA, en su intervención confirmó que el tema de la independencia de los jueces es una característica importante en un país que enfrenta una criminalidad compleja y, además, resulta esencial para la presunción de inocencia.
La ministra presidenta agregó que, en México, la justicia enfrenta retos adicionales relacionados con la efectiva garantía de la independencia judicial, particularmente, en lo relativo a la adecuada y suficiente asignación presupuestaria indispensable para atender el incremento continuo en la demanda de justicia federal que se ha registrado en los últimos cinco años.
“Una disminución presupuestal al Poder Judicial Federal, entre otras cuestiones, detendría la consolidación efectiva del sistema penal acusatorio e impediría al Instituto Federal de la Defensoría Pública seguir representando de manera gratuita a las personas más vulnerables, en un escenario en el cual la demanda ciudadana de defensores y asesores registra un crecimiento de 20 por ciento anual”, reiteró.
La Corte mantiene el firme propósito de participar siempre en la construcción de una sociedad más justa y más armónica
Por su parte, la ministra Ana Margarita Ríos Farjat destacó que la función de impartición de justicia constitucional, a cargo de La Corte, ha contribuido a que la política de seguridad en México responda a las obligaciones de respeto y garantía de derechos humanos e incorpore los estándares e interpretaciones que distintos organismos internacionales especializados en derechos humanos han emitido al respecto.
Argumentó que, en los últimos años, La Corte ha facilitado el diálogo articulado entre las disposiciones de derecho interno y la normativa internacional en materia de violaciones graves a los derechos humanos, entre las que se encuentra la detención arbitraria y la desaparición forzada de personas.
La ministra Ríos Farjat expuso que, pese al avance que representan diversas sentencias de 2021 a 2023 en materia de protección de derechos humanos, aún falta mucho por hacer. “La naturaleza humana es compleja y no siempre es luminosa; sin embargo, esta Suprema Corte se mantiene con el firme propósito de participar siempre en la construcción de una sociedad más justa y armónica”.
Prisión preventiva: una medida profundamente restrictiva del derecho a la libertad personal, por lo que debe ser una excepción
En su intervención, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá indicó que La Corte “considera a la prisión preventiva como una medida cautelar, profundamente restrictiva del derecho a la libertad personal”, por lo cual su estudio en cada caso del Sistema Penal Acusatorio “debe de darse bajo los más estrictos estándares de derechos humanos y con base en los principios de excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad”.
Señaló que en la jurisprudencia constitucional queda claro que la libertad del acusado es la regla y la prisión preventiva debe ser la excepción.
El ministro González Alcántara Carrancá indicó que cuando los jueces de control reciben una solicitud para determinar si cesa o se prolonga la prisión preventiva oficiosa, una vez que ha llegado a un límite de dos años de duración, deben valorar los precedentes que La Corte ha emitido y los estándares internacionales, que son: la complejidad del asunto, la fragilidad procesal del imputado y la conducta de las autoridades.
“La Corte ha entendido que corresponde al fiscal la carga de probar ante la autoridad judicial que es necesario continuar con la medida cautelar porque en el caso concreto se actualizan los tres elementos, en caso de no demostrarlos debidamente será la causa para el cese de la prisión preventiva oficiosa”, añadió.
Necesario un cambio cultural en las instituciones que participan en la impartición de justicia
El consejero de la Judicatura Federal Sergio Javier Molina Martínez mencionó que un reto del órgano que verifica la actividad de los jueces, consiste en consolidar el sistema y generar un cambio cultural en todas las instituciones involucradas en la impartición de justicia.
“No podemos seguir teniendo jueces con altos estándares de protección a los derechos fundamentales cuando existen otras instituciones que no piensan igual, que no actúan igual”. Para lograr este cambio cultural, se han dispuesto mecanismos de capacitación tanto a jueces federales como jueces de los estados, como fiscales, programas de en materia de garantía de audiencia.
Problemas de ejecución penal en México
Durante la reunión, el Juez Antonio González García, Titular de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Consejo de la Judicatura Federal, señaló que uno de los principales retos que enfrentará el sistema de justicia penal en México en los próximos años es el de la ejecución de las penas.
Al 28 de febrero de 2023, mencionó, 18,013 personas estaban sujetas a alguna medida de internamiento, 43% de ellas procesadas y 56% sentenciadas. Según el INEGI el 45.9% de las penas privativas de la libertad impuestas son menores a 10 años y el 54% excede esa temporalidad.
Aproximadamente en un año ingresan al sistema penal federal 25,000 personas, y a una de cada 3 se le impone una pena privativa de la libertad que podría durar hasta 2 años, y más de 5,000 personas son sentenciadas con pena privativa de la libertad, datos que se acumulan a los de años anteriores.
Ello implica una gran carga de trabajo. En 2018, en los juzgados de ejecución -ejemplificó- se recibieron 29,400 asuntos considerados de competencia, un promedio mensual de 2,456 asuntos, y se estima que para 2025 se incremente en 300% la carga de trabajo de los juzgados de ejecución con respecto a 2018.
Este incremento se debe al número de personas que ingresa a prisión anualmente, la acumulación de personas que ingresan con las que están en prisión desde años anteriores y a que el número de personas que recobran su libertad es muy inferior a los que ingresan en el mismo año. Ante ello el CJF, afirmó González García, está proyectando diversas soluciones.
Por su parte, la magistrada Taissia Cruz Parcero, directora del Instituto Federal de Defensoría Pública, aseguró que “el abuso en la prisión preventiva en México continúa siendo uno de los principales problemas que enfrentan”.
Informó que, con corte al 31 de agosto de este año, la Defensoría Pública representa a un total de 8,000 personas que se encuentran sujetas a prisión preventiva oficiosa, de las cuales 748 son mujeres. Del total de personas 2,049 han estado en prisión preventiva por más de nueve años.
Derivado de los recientes criterios de La Corte y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, explicó que, en abril de este año se ordenó al personal de defensa de todas las delegaciones del Instituto a solicitar la modificación de la medida cautelar en cada uno de los casos en los que las y los usuarios se encontraran en prisión preventiva oficiosa, y de manera prioritaria pertenecieran a la población indígena, mujeres, integrantes de la comunidad LGTB y más, y adultas mayores.
Por lo que ya se han presentado ante los órganos jurisdiccionales 878 solicitudes de modificación de prisión preventiva oficiosa, de las cuales 106 han resultado favorables.
Además de Matthew Gillett, por parte del Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, también acudió Ganna Yudkivska.
