“Frente a las acusaciones, el Presidente respondió con duras descalificaciones de siempre a los empresarios voraces y a los funcionarios corruptos. Al final la opinión pública terminó dividida en función de un posicionamiento ideológico no de las razones de estado o de interés público que entrañaba”.
La cancelación del aeropuerto de Texcoco, mejor conocido como NAICM, es para muchos el inicio del divorcio entre una parte de la llamada sociedad civil y el Gobierno de la 4T. La supresión del mayor proyecto de obra pública en la historia reciente de México, que entrañaba la construcción de un símbolo del compromiso de nuestro país con la modernidad y del empeño de ascender al primer mundo, fue interpretada por muchos como la confirmación de la estrechez de miras del nuevo Presidente, de su irracionalidad administrativa y de su intolerancia a la participación del sector privado.
Y, en efecto, constituye un hito o parteaguas, porque bien mirado, más allá de su dureza verbal en contra de los empresarios, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha caracterizado en los hechos por una política macroeconómica más bien moderada. Ni expropiaciones, ni aumento de impuestos progresivos (como si lo ha anunciado Gabriel Boric en Chile), consolidación del peso, combate a la inflación o al endeudamiento, equilibrio en las finanzas públicas. O dicho de otra manera, si por un acto de magia quitáramos las mañaneras y sus provocadores contenidos, en materia de política económica el Gobierno se ha caracterizado por un impulso a los proyectos sociales pero sin tocar en lo esencial al poder económico más allá de modificar prácticas evidentemente leoninas (exenciones fiscales, abusos de outsourcing, por ejemplo). Y sin embargo, la trascendencia de la cancelación del NAICM marcó de una vez y para siempre la pauta que definiría la relación de AMLO con una parte de la sociedad durante el resto del sexenio.
A casi tres años de esa controvertida decisión, Javier Jiménez Espriú, uno de los actores centrales de esta trama y exsecretario de la SCT, ahora retirado del Gobierno, ha presentado un sesudo texto titulado, tal cual, La Cancelación, el pecado original de AMLO (edit. Grijalbo).
En favor del testimonio documentado de Jiménez Espriú abona no sólo el hecho de hacer pública mucha información de la que carecíamos o se encontraba dispersa, sino también ofrecer algo que no ha abundado en esta controversia: una mirada honesta. Primero, porque el exsecretario no ha tenido reserva para expresar su desacuerdo con el Presidente en aquello que considera opuesto a sus convicciones. Justamente la razón que le hizo renunciar al gabinete fue su oposición a la política presidencial de entregar partes sustanciales de la administración pública al Ejército. En particular el control de aduanas y aeropuertos. Jiménez Espriú es hijo de un ingeniero militar y creció dentro del ámbito castrense, algo que lo hace sensible a los riesgos que entraña la estrategia del Presidente y le llevó a preferir tomar distancia.
Con esta misma actitud, desde las primeras páginas de su libro sobre la cancelación del aeropuerto, advertimos que no se trata de una justificación ex post para dar la razón al Presidente, sino de un auténtico esfuerzo para razonar el peso o la fragilidad de los argumentos que llevaron a la cancelación. Es decir, a diferencia de la mayor parte del actual gabinete, a Jiménez Espriú no lo mueve la intención de quedar bien con su exjefe.
De entrada, el autor señala que la cancelación no fue motivada por un tema de corrupción. La saturación del actual aeropuerto es un problema que debía ser resuelto, no fue inventado. El dispendio que caracterizó al Gobierno de Peña Nieto y la voracidad de los que participaron, provocó que el proyecto adquiriera tales dimensiones y proliferaran los abusos, pero si el lago de Texcoco hubiera sido el indicado la nueva administración simplemente tendría que haber limpiado irregularidades y propiciado un proyecto más austero. El tema de fondo, se pregunta Jiménez más allá de propaganda o demagogia, era saber si el sitio resultaba viable.
El problema es que a la controversia le sobraban argumentos polarizados en pro y contra y le faltaba información puntual. Los datos que ofrecía el Gobierno de EPN eran escuetos y tajantes. Tan pronto como el obradorismo ganó las elecciones, Jiménez Espriú recibió la instrucción presidencial de zambullirse en el tema y aportar elementos de juicio para tomar una decisión. Durante el período de transición, y a regañadientes, el equipo saliente comenzó a entregar información, incluyendo alguna que ni siquiera ellos mismos habían querido conocer. Las auditorías de las empresas contratadas por el proyecto original comenzaron a ofrecer una imagen distinta a la que había trasmitido el Gobierno.
No intentaré aquí resumir la sólida información que da cuenta de las falacias sobre las que se edificó este proyecto, el libro lo hace de manera clara, amena y espléndida. Lo evidente es que una necesidad real, construir un aeropuerto, derivó en una oportunidad mayúscula para generar un inmenso negocio y, una vez instalados en esta inercia, los responsables pasaron por alto todas las objeciones ecológicas, financieras y logísticas que arrojaban dudas sobre el sitio y el diseño elegido. Simplemente no estaban interesados en verlas.
Un costo cuatro veces superior al original, daños ecológicos irreversibles, futuras condiciones de operación bajo costos inviables, engaños sobre el origen de la inversión (que no era privada como se dijo sino exclusivamente pública, disfrazada con argucias de ingeniería financiera), un plazo de terminación que doblaba el período anunciado, ausencia de comunicaciones e infraestructura complementaria, etc.
Y no obstante, el equipo dirigido por Jiménez Espriú no precipitó un dictamen. Presentó a los responsables las nuevas dudas y la información contradictoria, sin recibir una verdadera réplica. Habló con los empresarios involucrados, entre ellos Carlos Slim de quien recibió un dato revelador sobre las incongruencias logísticas del proyecto: las bandas de transporte aún no habían sido encargadas y su sola fabricación exigía 40 meses de parte del proveedor.
Por desgracia la controversia no se estableció en términos de argumentos técnicos sino políticos e ideológicos. La defensa del proyecto se aferró a datos aislados y a la tesis de la irresponsabilidad de cancelar una obra con reportes de avance de 31 por ciento (cuando en realidad era 20 por ciento); pero la contraparte no lo hizo mejor. Frente a las acusaciones, el Presidente respondió con duras descalificaciones de siempre a los empresarios voraces y a los funcionarios corruptos. Al final la opinión pública terminó dividida en función de un posicionamiento ideológico no de las razones de estado o de interés público que entrañaba. Con la presentación de este libro el Ingeniero Jiménez Espriú subsana en parte este sobre politizado empobrecimiento del debate y devela la verdadera naturaleza del “pecado original” del Presidente. @jorgezepedap
