La reforma al Poder Judicial fue aprobada por mayoría calificada en ambas Cámaras del Congreso. La oposición prepara impugnaciones, pero expertos ven pocas posibilidades de éxito.
La reforma al Poder Judicial aprobada por la Cámara de Diputados y Senadores ha provocado “alarma” entre los partidos de oposición, debido a que hay “pocas” posibilidades de impugnar esta modificación constitucional pues ley establece que sólo se puede controvertir las «normas generales» y no la Constitución.
Constitucionalistas consultados por Expansión Política explicaron que es poco probable que de llevarse a acabo se acepte, pues si bien existen diferentes criterios de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre si es válido impugnar o no una reforma constitucional, el predominante es que esto no es posible.
Los expertos señalan que hay dos caminos probables para ir en contra de la la Reforma Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador: una es a través de la acción de inconstitucionalidad, que sería un recurso de forma y no de fondo; es decir, por vicios que se pudieron haber presentado al ser discutida y votada en el Congreso de la Unión. La otra vía es que existiera un criterio de la mayoría en los ministros de la Suprema Corte para admitir la impugnación.
Para Javier Martín Reyes, investigadoren el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el artículo 105 de la Constitución se establece que se puede impugnar unicamente «normas generales» y no una reforma constitucional.
“El criterio predominante (en la SCJN) ha sido que no es posible controvertir reformas constitucionales, pero sí ha habido posiciones de ministros, en lo individual, que estiman que las reformas constitucionales sí se pueden dejar de aplicar. Hasta el momento no ha sucedido. Es una posibilidad que se presente, pero para eso tiene que haber una mayoría de ministros a favor de esta posición”, consideró.
José María Soberanes Díez, abogado constitucionalista,recuerda que ha “sido un gran debate” el si se pueden impugnar o no las reformas constitucionales, pero de aceptarse, se tendría que realizarse antes del 1 de diciembre, ya que en ese mes, el ministro Luis María Aguilar Morales termina sus funciones, dejando un lugar libre a un ministro cercano al gobierno morenista, que podría votar en contra de la impugnación.
En la Suprema Corte de Justicia son necesarios ocho votos para poder invalidar la reforma que establece que jueces, ministros y magistrados serán elegidos por voto directo.
“Aunque cambiaran y admitieran a trámite una impugnación que se hiciera (contra la Reforma Judicial), no va a llegar a la invalidez, porque se necesitan ocho votos. Hoy los tiene la SCJN, pero el ministro Luis María Aguilar termina en diciembre de 2024) por lo que se quedan siete ministros que podrían votar por esta razón. Si no nombran a un sustituto, no se va a alcanzar los ocho votos, y si lo nombran, seguramente será alguien a favor de la 4T y tampoco se va a poder”, detalla.
La acción de Incostitucionalidad
Para Soberanes Díez, la otra opción esla acción de inconstitucionalidad que puede ser promovida, cuando la reforma sea publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por los partidos políticos con registro en el Instituto Nacional Electoral (INE); por el 33% de los integrantes del Congreso de la Unión o de las entidades federativa, por la Fiscalía General de la República y por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales(INAI).
El experto señaló que esto sería por los vicios al procedimiento que se haya presentado en la aprobación de la reforma. Por ejemplo, uno de ellos podía ser queel martes 3 de septiembre, que se discutió la reforma en una sede alterna a la Cámara de Diputados, los legisladores de oposición aseguraron que «no había certeza en saber si se alcazaba el quórum legal en la sesión», al señalar que no todos eran diputados.
Otro vicio, explica, fue que se votó pese a que había cuatro suspensiones judiciales para detener la discusión de la reforma , por lo que señaló que los ministros podrían valorar estos errores para invalidar la Reforma Judicial. Sin embargo, enfatizó que no es un panorama fácil.
“Lo que habría que impugnar son los vicios de procedimiento legislativo, de fondo es difícil que proceda, pero por forma sí podría proceder. Serían todos los vicios de forma que vimos”.
José María Soberanes Díez, abogado constitucionalista.
En tanto, Sergio Salgado, también abogado constitucionalista, considera que no hay ningún control constitucional para impugnar la reforma judicial, pero sí criterios jurisprudenciales para revisar el proceso en cómo fue analizada y votada la reforma.
En su visión, considera que el único medio de control que se podría presentar es un juicio de amparo presentado de forma individual por quienes consideran que se les violan sus derechos, pero ésto, antes de que sea publicada la reforma en el DOF.
“Sí hay criterios jurisprudenciales, el proceso de reforma sí es susceptible de ser impugnado,porque los procesos de reforma, al no estar consolidados, sí pueden violar el régimen constitucional o derechos humanos. El proceso previo, como está siendo en este momento impugnado en varios jueces de distrito sí es susceptible de ser revisado, pero una vez que se publica (en el Diario Oficial) ya no procedería”, explica Salgado, quien ha sido instructor de la Escuela Judicial del Instituto de la Judicatura Federal.
Salgado subraya que, si bien no existen medios de control para las reformas constitucionales en México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos si (CIDH) ha declarado que las reformas constitucionales son inconvencionales, es decir, que violentan los derechos humanos .
«Aquí no existen medios de control, fuera en sede internacionalidad, la Corte Interamericana en distintos casos ha analizado esta situación y en muchos casos ha determinado que en reformas constitucionales o interpretaciones constitucionales si llegan a vulnerar derechos humanos y ha declarado que reformas constitucionales son inconvencionales», detalla.
Para el especialista, además hay otro inconveniente: el político, pues considera que en caso de que la CIDH determinara que la reforma judicial es inconvencional, México no lo aceptaría.
«Mirando como está México en lo político y en el tema interamericano, parece que eso ve lejano, y aún cuando llegue una sentencia de esa manera, estimo que no tendría ningún efecto», expresa.
… Pero oposición adelanta que impugnará
A pesar del camino cuesta arriba, líderes del PAN y Movimiento Ciudadano adelantaron que impugnaran la Reforma Judicial.
La secretaria general, Noemí Luna, reconoció a los 41 senadores que votaron en contra de la reforma judicial y aseguró que lo siguiente «batalla» es la impugnaciòn.
«Me duele el fin de la democracia y la falta de patriotas. Mi reconocimiento a los 41 senadores presentes que no se dejaron amedrentar. ¿Qué sigue? La impugnación por parte del PAN y la aprobación en los estados. Es nuestra siguiente batalla», publicó en sus redes sociales la secretaria general del PAN, Noemí Luna.
En comunicado, el PAN señaló que interpondrán una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN, ya que consideraron que la discusión y aprobación de la reforma tiene vicios del procedimiento legislativo, como:
- La violación de suspensiones de amparo de al menos dos juzgados federales que impedían la discusión y votación.
- La falta de oportunidad de las nuevas legislaturas de abrir foros que permitieran un estudio profundo de la reforma.
- Los irregulares cambios de sedes en ambas Cámaras y la falta de certeza para la votación de los diputados.
«(El PAN) impugnará mediante diversos instrumentos jurídicos que van desde la acción de inconstitucionalidad, porque se presentan vicios del procedimiento legislativo, los juicios de amparo, donde se combatirá la violación de los derechos de los legisladores de conocer con tiempo, estudiar y poder analizar los alcances y consecuencia del dictamen emitido por una legislatura diferente y controversias constitucionales».
En tanto, el excandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, mencionó que solicitaron medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las violaciones «al procedimiento legislativo y el desacato a suspensiones dictadas por jueces en la aprobación de la mal llamada Reforma Judicial».
Para presentan la acción de inconstitucionalidad, deberán esperar a que la reforma al Poder Judicial sea publicada por el DOF y eso será hasta que al menos 17 estados la avalen y se declaré la constitucionalidad por el Congreso de la Unión. Hasta el momento, son 16 estados los que ya han avalado el cambio constitucional.
El presidente López Obrador ha dicho que será el 15 de Septiembre cuando se publique en el Diario Oficial la Reforma Judicial.