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La pregunta

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Los Resolutivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sin duda alguna se acatan, aun cuando sean producto de un exhaustivo y polémico debate que conducía a una ruta en contrario.

Una petición presidencial inició este proceso. El presidente López Obrador solicitó a la SCJN una consulta popular que para “investigar a algunos expresidentes” ¿Quién puede estar en contra de eso? Nadie.

Ni siquiera sería necesaria una consulta popular, solo tendría que denunciar para que se inicien las carpetas de investigación; pero recordemos que estamos ante un Presidente que le gusta mucho el espectáculo.

Así, lo que inició siendo debatido sobre  la constitucionalidad de una petición presidencial, -que para muchos (incluida yo) consideramos era de origen inconstitucional, ociosa e innecesaria como han escrito muchas plumas reconocidas y expertas- fue aprobada por la SCJN, pero lo hicieron desde la ruta del derecho a la participación ciudadana.

Esta nueva ruta orilló, justamente para no caer en la inconstitucionalidad -los derechos no se consultan- a modificar totalmente la pregunta original planteada por el presidente López Obrador y cambió su redacción por ser considerada “tendenciosa” dijeron.

La pregunta original mencionaba nombres y apellidos, la aprobada ya no lo hace. La Corte avaló el derecho de la ciudadanía para opinar mediante una consulta popular y aprobó la constitucionalidad de la Consulta Popular solicitada y lo hizo desde un enfoque incluso más amplio: Esclarecer decisiones políticas de actores políticos. 

La pregunta que se hará a la ciudadanía sin duda es de trascendencia nacional: “…emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas” esta redacción incluye sin duda alguna a muchos actores, incluidos los actuales que ya tienen dos años gobernando.

¿Cuál es ahora el siguiente paso? La SCJN notificará al Senado sobre su decisión y una vez aprobada será enviada al Instituto Nacional Electora (INE) para que se inicien los trabajos de preparación de la Consulta Popular que por cierto se ha documentado costará 8 mil millones de pesos.

¿Qué va a pasar? Pues que llegado el momento la ciudadanía  -yo incluida-  por supuesto que responderemos por el Sí.

Porque creo que todas/os estaríamos de acuerdo en que se emprenda un proceso para esclarecer las decisiones políticas que ha tomado el gobierno del Presidente López Obrador para dejar sin medicamentos a niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres, mexicanas, mexicanos que han perdido la vida. Hay que denunciar a los responsables. 

Qué decir sobre el obligado proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas que ha tomado el gobierno del Presidente López Obrador, al retirar apoyos a programas de mujeres que ya no cuentan con las instancias de apoyo y las redes de acompañamiento que atendían a lo largo y ancho del país, dando como consecuencia el incremento de las violencias y la presencia de 12 feminicidios diarios en este país. Hay que denunciar a los responsables.

Estaríamos también de acuerdo en que se inicie un proceso para esclarecer esas decisiones políticas para enfrentar la pandemia del Coronavirus, que han dejado hasta ahora casi 79 mil personas muertas, víctimas de estas decisiones, que además nos tienen en el cuarto lugar mundial en muertes. Hay que denunciar a los responsables.

Todo esto requiere urgentemente y sin lugar a dudas que se emprenda un proceso de esclarecimiento, justamente “para garantizar la justicia y los derechos de las víctimas” como lo dice la pregunta aprobada en la consulta.

Por supuesto que estamos de acuerdo en que el gobierno del Presidente López Obrador presente denuncias para iniciar las carpetas de investigación en contra de muchos más actores políticos que hayan cometido delitos para investigarlos y que sean sancionados si incurrieron en algún delito.  Incluso pudo haberlo hecho ya, con o sin consulta popular, pero le gana el espectáculo al señor Presidente -ejemplo Lozoya, todo un show y no sabemos dónde anda de vacaciones- y ya ha perdido dos valiosísimos años.

Creo que debemos urgirle a que denuncie ¡ya! porque aun teniendo el resultado de la consulta popular que ya le han aprobado, las autoridades de procuración e impartición de justicia no quedarán obligadas a emitir ningún fallo, hasta que se hayan iniciado las denuncias.  

Que si los Ministros/as cedieron a las presiones del presidente López Obrador; que si imperó la política sobre el Estado de derecho; que si le dieron la espalda a la imparcialidad para evitar confrontaciones;  que decidieron seguirle al juego al Presidente…; pudiera coincidir con todos estos comentarios que hemos leído y escuchado, sin embargo, ya está aprobada con modificaciones y debe acatarse.

Ahora bien, el proceso de Consulta Popular seguirá su curso, lo que lo provocó, está ya desde ahora en la cancha del Gobierno Morenista del presidente López Obrador, él, propuso que se investigue, así que su gobierno debe presentar las denuncias para todas las personas que quiera incluidos los expresidentes, ojalá lo hagan pronto para no seguir perdiendo el tiempo.

El pueblo manda, el pueblo le pide ¡Denuncie ya Presidente! Y para que podamos aprovechar el costo de la consulta que ascenderá a 8 mil millones de pesos, denuncie de una vez a todos los actores políticos, los del pasado y del presente, cualquiera que este sea, de cualquier nivel de gobierno, de cualquier estado de la República y de cualquier municipio, porque se trata de una vez y por todas de esclarecer decisiones políticas y acabar con la impunidad. 

Por fortuna también esta pregunta aprobada por la SCJN no solo fue reformulada; al cambiar su naturaleza, se encaminó también a “garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”. 

¿Está de acuerdo o no en denunciar presidente López Obrador? 

Palabra de Mujer Atlixco

@rgolmedo

rociog@prodigy.net.mx

rociogarciaolmedo.blogspot.mx

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Diputada de la LX Legislatura del @CongresoPue Integrante del
@GL_PRIPuebla Maestra en Derecho, Políticas Públicas y Género.

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