Las consultas populares deben estar respaldadas con presupuesto federal, y si la Cámara de Diputados no asigna una partida de recursos adicional al Instituto Nacional Electoral (INE) para realizarlas, estas no podrán llevarse a cabo.
Así lo establece una propuesta de reforma realizada por diputados del Partido Revolucionario Institucional, y que presentaron a la Comisión Permanente.
La iniciativa establece que previa solicitud fundada y motivada por el INE, la Cámara de Diputados debe asignar, como mínimo, una cantidad presupuestal equivalente al 0.015 % del total del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal que se encuentre en curso.
«Se busca garantizar efectivamente el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía, como lo es participar directamente en los asuntos públicos del país; y somos conscientes que para llevar a cabo estos procedimientos es necesario que la autoridad administrativa electoral, encargada de organizar la consulta popular, cuente con los recursos presupuestarios suficientes para desenvolver satisfactoriamente cada una de las etapas que implica dicho mecanismo», establece la propuesta.
En la exposición de motivos se indica que la autoridad electoral enfrenta el reto de cubrir los costos inherentes a la organización de la consulta popular del 1 de agosto próximo, por un total de mil 499 millones 392 mil 669 pesos de acuerdo a la Junta General Ejecutiva del INE.
Asimismo, recordaron que la consulta popular la presentó el Presidente de la República, fue aprobada por el Congreso de la Unión y la validó la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, el partido en el gobierno no asignó recursos públicos para realizarla.
A pesar de que el INE presentó tres solicitudes de ampliación presupuestal, recibió un oficio del titular de la Unidad de Política y Control de Presupuesto de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde manifestó que no estaban en condiciones de atender la petición del organismo autónomo y sugirió a la autoridad electoral ejercer los recursos que le fueron aprobados en 2021, para cumplir con los objetivos de los programas a su cargo, entre ellos, la organización de la consulta.
Tomado de: El Universal
