Por: RENÉ DEL VALLE BOSAS
La diputada fue directa y precisa al cuestionar al secretario durante su comparecencia.
Además de exponer públicamente los casos de acoso en la Secretaría de Gobierno dio a conocer las denuncias que hay en contra de funcionarios de esa dependencia.
Los protagonistas del caso son la diputada priista Anilú Ingram y el secretario Éric Patrocinio Cisneros.
No hubo respuesta directa a las preguntas directas sobre denuncias por acoso, lo que evidenciaría a un funcionario desinteresado en el tema o de plano solapador.
Por lo que se vio públicamente durante la comparecencia del secretario ante el Congreso del Estado, la legisladora no inventó el asunto ni hablaba solo de oídas, pues mostró documentos.
Pero en esa Secretaría parece no haber cabida para eL asunto a pesar de las quejas y las denuncias públicas.
Esta delicada situación viene a sumarse a las quejas de alcaldes salientes y entrantes que en baja voz reportan presiones, además de los casos que han denunciado sobre personas vinculadas que se consideran presos políticos y retenes policiacos que acumulan señalamientos públicos.
Ya hay quienes hablan de que parece estarse repitiendo algo de lo ocurrido en la Secretaría de Gobierno durante el periodo de 1992 a 1997, cuando fue evidente el uso de la fuerza policiaca y hubo alcaldes sometidos y organizaciones sociales reprimidas.
El dejá vu veracruzano, dicen, conduce a la misma silla marcada por lo ocurrido en aquel sexenio chirinista.
Y temen que ocurra lo que pasó en aquella ocasión, que la historia desembocó en el juicio popular, los electores le dieron tremenda zacapela a los candidatos impuestos por el entonces dirigente estatal del PRI, cargo al que pasó luego de ser poderoso secretario.
El caso es que en la comparecencia del lunes 22 de noviembre pasado, la presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, le entregó al secretario una tarjeta informativa de los casos por acoso sexual y laboral al interior de la SEGOB.
El funcionario sólo acusó recibo.
MORENA IMPUGNÓ LA RESOLUCIÓN DEL INE; VERACRUZ PUERTO, SIN DEFINICIÓN
Difícilmente cualquiera de las partes involucradas en el conflicto postelectoral de la ciudad y puerto de Veracruz, podría sentirse segura.
Ni la candidata que presuntamente ganó la elección ni el que la perdió, pues la última palabra la dirán los tribunales cuando en su turno tengan que resolver y será entonces cuando sabremos si la alcaldesa será Patricia Lobeira o Ricardo Exsome.
Por lo pronto, la representación de MORENA ante el INE presentó un recurso de apelación, luego de las determinaciones del Consejo General de ese instituto tras dar cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional Xalapa, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En sesión del Consejo del INE del martes pasado, los consejeros determinaron que la marcha del 23 de mayo denominada “Todos somos Miguel”, organizada por la Organización Civil “Misión Rescate México”, que coordina el aspirante a una candidatura a diputación del PAN, Manuel Liaño, fue de carácter electoral en beneficio de la candidata de Acción Nacional a la alcaldía de Veracruz.
También que dicha marcha de más de 20 mil personas, con mantas, batucadas, equipos de sonidos, caretas publicitarias, transporte, gorras y camisetas entre otros tantos gastos, solo habría costado $97 mil.
Pero no consideraron 53 eventos más de campaña que no fueron reportados por Patricia Lobeira y de lo anterior se desprenden varias consecuencias, como que la marcha, al ser organizada por una organización civil se constituye en delito, pues los candidatos tienen prohibido recibir aportaciones de ese tipo.
Además existe una denuncia de un trabajador del Ayuntamiento de Veracruz, en la que da testimonio de que fue obligado a asistir a dicha marcha, lo que involucra al alcalde de Veracruz Fernando Yunes.
En la impugnación también da cuenta de las estimaciones que de acuerdo con el tabulador del INE, los gastos de la campaña panista rebasan los nueve millones de pesos e incluso la consejera Adriana Favela comentó que la marcha tendría un costo de más de $2 millones de pesos.
Por último, el recurso de apelación hace referencia al deficiente cumplimiento del INE al mandato de la Sala Regional, pues fue omiso o parcial al dilatar el cumplimiento de la sentencia que incluso provocó que MORENA se inconformara.
Esperemos a ver el desenlace antes de cantar victoria o derrota, según sea el caso.
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