Ha pasado una semana desde el fatidico linchamiento de la abogada veracruzana, Edmunda Adela Martínez Velásquez, acusada sin pruebas, por pobladores de la colonia Buenos Aires de la ciudad de Puebla, de querer robarse a un menor, que motivo el deplorable asesinato de la mujer y su acompañante a manos de una muchedumbre.
El atroz asesinato obligó hasta al Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, a emitir una conferencia de prensa donde, dijo, que se iniciaba la investigación del lichamiento de la abogada y de la otra persona que fue asesinada con ella, quizas, con el propósito de quitar la presión sobre el repudio nacional sobre este hecho.
A la fecha las autoridades poblanas en escueta información han dicho que, la Fiscalia del estado, tiene identificados a los incitadores de ese cruel crimen, sin embargo, todo se queda en ese reporte para justificar las acciones de investigación y cumpimiento, pero, no se habla de detenciones, ni si han determinado la responsabilidad de los involucrados en el asesinato.
El Gobernador Barbosa Huerta, mansamente, se esconde en pretextos muy estúpidos al indicar que, «desafortunadamente los lugares lejanos como San Nicolás Buenos Aires tienen dificultades los policías para llegar, se enfrentan con muchos problemas para poder resolver las cosas». Hágame usted el favor, eso dijo.
Una disculpa de la nula intervención de una autoridad ante los hechos violentos por no tener presencia policiaca; bajo pretexto de que son comunidades alejadas, definitivamente, nos habla que en el Estado de Puebla, aún existen pueblos sin ley a espensas de rumores y acusaciones ficticias que provocan delitos como los vividos el 25 de octubre donde a la infortunada pareja les cuesta la vida por un “chisme” de publerinos ahogados por la barbarie y, quizas, el abandono social que el estado provoca cuando el gobierno esta lejos de sus habitantes o gobernados.
No hablamos de impunidad, hablamos de la distancia social, política y ecónomica de un pueblo con sus representantes sociales, el lugar de los hechos fue en el municipio de San Nicolas Buenos Aires, un municipio en extrema pobreza, con alto grado de marginación y en una congregación rural, con poco menos de 3 mil habitantes resentidos por el abandono institucional y en espera de que, el municipio de San Nicolás Buenos Aires o el Gobierno del estado de Puebla, les resuelvan sus problemas y supervivencia.
Los elementos de la Policía Estatal, no se supo cuántos ni a que hora, lograron imponer orden, los Agentes Ministeriales ya realizan las primeras investigaciones sobre los hechos para esclarecer si se trató de un presunto secuestro de la pareja asesinada o fue una confusión provocada por pueblo.
Y desde esa fecha no hay nada, la culpa del linchamiento ¿de quién fue?
Seguramente la investigación del linchamiento, como posmposamente fue señalado el asesinato de la pareja por las autoridades, evidencia la realidad que, quizas, en todas las entidades federativas aun permanezca cuando hablamos de situaciones graves que pasan y siguen pasando en las comunidades rurales, donde prevalecen los usos y costumbres, los chismes, rumores, patriarcados o matriarcados que ejercen el poder coercitivo con chantajes e ignorancia sobre los asuntos de la comunidad.
Quienes hayan sido los incitadores en cualquier parte de mundo ya estarían detenidos; pero, para las autoridades del Estado del Puebla el delito ocasionado por el pueblo esconde a los principales incitadores en la “bola” en la muchedumbre que se configuró en un ente irreconocible: Fueron todos los que incurrieron en el delito.
Entonces habrá que responsabilizar a la muchedumbre, a la plebe a todos, de haber cometido un crimen, sin pruebas y sin sospechas, sólo porque alguien se le ocurrió gritar, cobardemente, que se querían robar a un niño y el pueblo enardecido, salvajemente detuvieron a la pareja, los ataron a un poste, los golpearon, les tiraron piedras, palos, patadas, hasta matar a la mujer en el lugar y, al acompañante, que murió en el hospital.
El delito cometido por la muchedumbre, donde todos son cómplices, pareciera ser una demostración de satisfacer la cólera y todos los resentimientos acumulados, injusticas y abandono gubernamental que ante un motivo irracional: echarle la culpa a un par de infortunados ciudadanos que pasan por el pueblo, sometido a un juicio sumario que, como pretexto, liberan las frustraciones de la ausencia de leyes con un asesinato colectivo, que bien pudiera pasar como un evento no condenable porque a quien le echarás la culpa si todos fueron los culpables.
La ley prevee acciones legales conrea delitos colectivos, pero también observa la impunidad porque entre todos los participantes, difícilmente, se pudiera señalar a un solo culpable material.
El encono nacional en contra de la barbarie ha sometido al Gobierno de Puebla para resolver el caso y no dejar impune el asesinato por linchamiento de la Abogada y su acompañante, la ley debe de cumplirse y debe haber justicia para las personas fallecidas y un castigo ejemplar a los incitadores para que esos hechos no vuelvan a suceder.
Por Consiguiente
Mientras tanto algunas voces se oyeron en Veracruz, protestaron los diputados, las barras de abogados, familiares y amigos, pero, el Gobierno de Puebla, su Fiscalía y autoridades judiciales, con oídos sordos, están muy cerca de archivar el asunto. ¿Y la justicia, Muy Bien, gracias declaramos impunidad?
Puente sumergido
El viernes un ciudadano xalapeño, en la calle de Díaz Mirón bacheaba algunos hoyancos que tienen meses abiertos en esa importante vialidad, al preguntarle si ese trabajo no era obligación del municipio, con una amplia sonrrisa dijo “Si el municipio tapa estos baches en las calles del centro de la ciudad, se me acaba la chamba…” obviamente se ganó mi propina.
