Xalapa afianza la paridad: reglas claras y equidad en la elección de agentes municipales

COMISIÓN DE IGUALDAD

La Comisión edilicia de Igualdad de Género del Ayuntamiento de Xalapa fijó una postura firme respecto al proceso de renovación de las agencias municipales para el periodo 2026–2030, subrayando que la paridad de género no solo es un mandato legal, sino un avance irreversible en la vida democrática del municipio.

La convocatoria, aprobada por el Cabildo y alineada con la Constitución estatal y la Ley Orgánica del Municipio Libre, establece con claridad la distribución equitativa de candidaturas: 50% para mujeres y 50% para hombres. Además, incorpora mecanismos específicos para evitar simulaciones y garantizar que la participación femenina sea real y efectiva, incluso permitiendo el registro de más mujeres en caso de existir mayor interés, con el objetivo de fortalecer la representación comunitaria.

En total, se registraron 50 aspirantes —25 mujeres y 25 hombres—, y la Junta Electoral Municipal definió las fórmulas que competirán en cada congregación, asegurando el cumplimiento de los criterios de paridad. Este proceso incluyó ajustes en las candidaturas masculinas cuando fue necesario, conforme al número de mujeres inscritas y al orden de precedencia establecido.

Ante las inconformidades de algunos participantes cuyos registros fueron considerados improcedentes, la Comisión reconoció su derecho a manifestarse, pero fue enfática al señalar que los procesos democráticos requieren reglas claras y apego estricto a la ley. La paridad, insistieron, no excluye a los hombres ni vulnera sus derechos políticos, sino que busca corregir desigualdades históricas en la representación.

El posicionamiento también destaca el contexto simbólico del proceso, cuyo inicio de campañas coincide con la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, reforzando el compromiso institucional con la igualdad sustantiva.

Finalmente, la Comisión reiteró que el ámbito municipal sigue siendo uno de los espacios donde la paridad enfrenta mayores resistencias a nivel nacional, por lo que garantizarla es tanto una obligación legal como un deber ético. En este sentido, advirtió que no es democrático sostener prácticas patriarcales que contravienen el marco jurídico vigente, y reafirmó que el avance en los derechos políticos de las mujeres no tiene marcha atrás.

 

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