Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico, Oaxaca, 24 de octubre, 2022.- Cuando se trata de una sola “equivocación”, podríamos decir que hay un posible error humano. Pero cuando las instituciones, el personal que ahí labora, “se equivoca” una y otra vez, estamos hablando de un problema sistemático, constante, reiterado que socava la vida de particulares y, por ende, de toda la sociedad.
En cosa de 24 horas, he conocido al menos dos casos de negligencia, omisiones, corrupción e impunidad que dan al traste con el derecho de las víctimas a la justicia. Esto es, las cloacas persisten.
Policías, ministerios públicos y jueces son hoy, todo lo indica, los enemigos de la justicia para las mujeres. Se trata de funcionarios de los tres poderes de un gobierno, porque seguramente estas historias se repiten en todo el país, no solo en Oaxaca, lo que no es consuelo sino honda preocupación.
El primer caso es la desaparición de Zayra Leticia Morales Lozoya un 23 de octubre del 2020 en la agencia de Santa María Xochiltlapisco, Huajuapan de León, es decir hace dos años. La familia ha denunciado, en primer lugar, la falta de acciones de búsqueda por parte de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, esto en la responsabilidad de la vice fiscalía regional de la Mixteca, lo cual no exime a la primera.
En realidad, nada nuevo bajo el sol. De este tipo de hechos está plagado el sistema. Tal y como sucedió en agosto pasado, un presunto responsable fue liberado porque el juez Víctor Jorge Luis Velasco Castellano se negó a la presentación de testimonios por escrito. No es para menos, por lo general las personas que son testigos en un acto de esta naturaleza tienen miedo. Y, en el caso de Zayra Leticia, porque en la Fiscalía fueron omisos desde el inicio del proceso a preservar la prueba.
De esta forma se perdió la oportunidad de saber qué había sucedido con Zayra Leticia, una joven a quien la esperan en su casa, que no la han dejado de buscar por su cuenta porque en casa, además de su familia compuesta por mamá, papá, hermana y hermano, la esperan sus hijos. Personas que son víctimas de hechos delictivos que no se aclaran por las “gracias” de ministerios públicos y jueces, cuyas acciones son motivo, en otros países, de cese inmediato de sus funciones, además de que se les fincan responsabilidades.
Es importante decir que el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat se negó a escuchar a la madre de la víctima, María Leticia Lozoya, cuando visitaba la agencia municipal de Santa María Xochiltlapisco, el 26 de marzo pasado, donde con bombo y platillo inauguró una calle. Es decir, estaba ocupado.
Recordemos que Alejandro Murat, apuntado en la lista de aspirantes priistas a gobernar México, fue sin duda un enfadado y enojado ser en el cargo de gobernador de Oaxaca. Cargo que su papá, José Murat, le obligó a desempeñar. No duden que ahora el ex gobernador de Oaxaca, siga siendo el titiritero en el camino a la presidencia.
El segundo caso es el de Pijy, nombre ayuuk que adoptó una joven de la región mixe oaxaqueña para proteger su identidad. De verdad inaudito lo que ha vivido esta mujer que vive agazapada por temor, todo lo contrario de su agresor el violador sexual conocido como Plácido “N”, quien como si nada pasara siguió su vida, se casó y es hoy un ferviente seguidor de Morena.
En una evidente suplantación de personalidad, Karla “N”, pareja de Plácido “N” el violador de Pijy, se presentó en una audiencia para retirar los cargos en contra de Plácido, primero señalando que era mentira y después asegurando que se había casado con él. Cuando Pigy fue preguntar sobre por qué no había sido detenido su violador recibió la noticia de que el caso había sobreseído, luego de que ella había reiterado los cargos.
Pigy ha esperado la justicia por años sin obtenerla. En esto han tenido que ver las fiscalías a cargo de Rubén Vasconcelos Méndez, quien fue relevado del cargo en marzo del 2021, y el actual Arturo Peimbert Calvo. Ninguno de los dos cumplió con la orden de aprehensión contra Plácido N, hoy simpatizante de Moreno, donde presume ser cobijado y protegido.
Es cuestionable sin duda la actuación de la Fiscalía Regional del Istmo, algo que ya no es raro en Oaxaca, pero que no debe ser la costumbre. En ese caso, el Ministerio Público Pedro Fierros Zárate es el directamente responsable, la carpeta de investigación estaba en sus manos y fue él quien “no se dio cuenta de la suplantación de personalidad”.
La otra parte de responsabilidad recae en un juez de control con negro historial. Se trata de Omar Morales Simón, quien ejecutó el acto de sobreseer el caso. Este es el mismo juez de control quien en septiembre de 2018, a pesar de las pruebas existentes, se negó a vincular a proceso al primer implicado en un triple homicidio calificado y en el que perdieron la vida María del Sol C.J., Pamela T.P. y Adelfo J.G., el mismo con el que se inició una cadena de complicidades que dieron como resultado, casualmente también, con el sobreseimiento de ese hecho tan aberrante.
Hay otra funcionaria implicada, la vicefiscal de la región del Istmo, Liliana Carmen Barojas Martínez quien se ha negado a actuar y quien no ha hecho nada para atender las peticiones de Pijy y a las cuales tiene derecho como víctima, como son los videos de la audiencia donde se presentó Karla N, para suplantar la verdadera personalidad de Pijy.
Este proceso, que ya suma nueve años, seguirá adelante. La víctima ha denunciado la suplantación y de salir favorable a ella, ya saben lo que pasará, Karla N irá a prisión por hacerle el favorcito a su pareja, un presunto violador que ha contado con todas las fuerzas del sistema judicial y del que corre paralelo a él, el sistema patriarcal.
Preguntas sin respuesta. ¿Desde cuándo en delitos de violencia contra las mujeres se otorga el perdón? ¿Desde cuándo casarse con el violador permite el sobreseimiento de un caso tan terrible como es la violación sexual?
Como dije antes, en otro país, estos funcionarios estarían de patitas en la calle o en la cárcel.
Esto es consecuencia de una sola cosa, en Oaxaca específicamente: de la falta de políticas públicas para prevenir y atender la violencia contra las mujeres, como establecen la normatividad internacional, nacional y estatal. Tarea que recae en el Ejecutivo, Alejandro Murat, y su fantasmal Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, con su igualmente inocua titular Ana Isabel Vásquez Colmenares, quien no entendió nunca el fondo del problema, aunque ande de webinar en webinar recitando el “abc de género” que se sabe de memoria, pero que no entendió de fondo. Tendremos que pensar las oaxaqueñas de qué forma se puede fincar responsabilidad jurídica a la funcionaria.
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