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Al margen de la ley, nada.

Los recientes acontecimientos violentos han puesto a temblar a Coatzacoalcos, se ha perdido la paz y la tranquilidad por culpa de la delincuencia que ha hecho de las suyas durante las últimas semanas, provocando una sicosis que ha obligado a la población a levantar la voz para exigir la intervención de las autoridades.

La ciudadanía recurre a todos los órdenes de gobierno para que actúen en consecuencia y se recupere la paz en Coatzacoalcos y en la región.

Ante los reclamos airados de los porteños dirigidos al alcalde Víctor Carranza Rosaldo por los delitos de alto impacto registrados en el municipio, sólo por desconocimiento jurídico el munícipe atribuye el problema de la violencia a la falta de procuración e impartición de la justicia a cargo de la Fiscalía General del Estado y del Poder Judicial.

Este tipo de declaraciones lo que ocasionan es confundir a la gente, que desconoce que los responsables de combatir la inseguridad son las fuerzas armadas y las corporaciones policiacas, que dependen de Seguridad Pública, la Sedena y la Secretaría de Marina.

No es el Poder Judicial quien tiene que intervenir para evitar los delitos de alto impacto, sino las corporaciones de prevención y seguridad, que tienen la obligación de resguardar la paz de la población.

Es comprensible que ante la intranquilidad que está viviendo la sociedad porteña, exijan la intervención de todas las dependencias; sin embargo, es necesario deslindar estas responsabilidades, para evitar caer en la ilegalidad y no invadir competencias.

En consecuencia, el gobernador del estado Cuitláhuac García ha solicitado a la federación que Coatzacoalcos se incorpore al esquema de seguridad nacional, por lo que se incluirá entre la lista de municipios prioritarios de este plan.

Como un paso importante se realizó este jueves la primera reunión para coordinar la estrategia de seguridad y la incorporación de un mayor número de elementos policiacos. A esta reunión acudió como cabeza de grupo el subsecretario de Seguridad Nacional, Leonel Cota, quien vino en representación del titular Alfonso Durazo Montaño.

 

LA IMPARTICIÓN DE LA JUSTICIA

A esta reunión acudieron quienes debían hacerlo por mandato de ley, toda vez que como reza el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la seguridad pública estará a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala.

Asimismo, es el artículo 21 que refiere que La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial.

Esto significa que se trata de etapas completamente distintas, si bien ambas tienen como elemento esencial el delito, una previene que éste no suceda; sin embargo, si llegase a suceder, el Estado deberá perseguir el delito, es decir, la Fiscalía a través de la procuración de justicia y en caso de tener un probable responsable, se procederá a demostrar su responsabilidad y el Poder Judicial determinará la pena a través de la impartición de la justicia.

Queda claro que la intervención del Poder Judicial se dará en el momento en que se integren los expedientes y haya presuntos responsables de los secuestros o asesinatos, como es el caso de la empresaria recientemente ejecutada por supuestos plagiarios.

No corresponde al Poder Judicial hacer las indagaciones de estos casos, por tal razón no se hace presente en este tipo de reuniones en las cuales se aborda la estrategia de prevención y combate a los actos delincuenciales, pero no así la impartición de la justicia.

Lo cierto es que, bajo el liderazgo del gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, quien ha demostrado su gran preocupación por el clima de violencia que estamos viviendo, ya se están dando pasos importantes como éste que coincide con la aprobación de la Guardia Nacional, que vendrá a combatir de manera frontal a la delincuencia y como lo ha afirmado el presidente López Obrador “al margen de la ley nada”.

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