Altamirano está “ardiendo”; es un “foco rojo” desde hace por lo menos tres años, en un especie de guerra civil municipal, donde han sido frecuentes las noticias sobre enfrentamientos a balazos, secuestros y bloqueos carreteros, que se conocen a través de videos que, para el colmo, en muchas ocasiones han sido difundidos por grupos de encapuchados armados.
Un conflicto municipal, cuyos más recientes acontecimientos son: lo ocurrido el sábado 30 de septiembre, cuando una turba de simpatizantes con las autoridades ejidales quemaron 43 viviendas y secuestraron a 18 pobladores,
colaboradores y partidarios del concejo municipal; y la respuesta, el secuestro de arios, entre ellos el comisario ejidal Rogelio Hernández Gómez, que ocurrió el pasado martes.
En represalia, el movimiento contra el Concejo Municipal retuvo a los familiares de los integrantes del grupo de autodefensa 14 de Agosto dentro de la cárcel ejidal de Altamirano. La tensión aumentó “bajo la ley de ojo por ojo y diente por diente”, como lo señaló Gaspar Romero, corresponsal del periódico Excélsior.
La Fiscalía de Justicia Indígena dijo que ya inició las investigaciones por el delito de “retención de particulares” y el subsecretario de Gobierno, Jorge Cruz Pineda, señaló que las fuerzas de seguridad mantienen resguardadas las entradas y salidas de la cabecera municipal de Altamirano. Mientras tanto, el Congreso estatal permanece indiferente ante esta guerra civil municipal.
En este municipio operan dos grupos paramilitares: el “Movimiento 14 de agosto”, cuyo nombre hace referencia al día de su fundación, el 14 de agosto de 2021, encabezado por Gabriel Montoya Oseguera, excandidato a alcalde por el
partido Chiapas Unido y que actualmente es integrante del Consejo Municipal; los opositores están agrupados en la “Alianza de Organizaciones Sociales y Sindicatos de Izquierda”, conocido como la ASI, encabezado por el presidente
ejidal Rogelio Hernández Gómez, a quien vinculan con la familia Pinto Kanter y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Tras el incendio del edificio municipal, en la noche del Grito, el 15 de septiembre de 2021, fue secuestrado el entonces presidente municipal, Roberto Pinto Kánter, quien el día primero de octubre debía ceder la alcaldía a su esposa,
Gabriela Roque Tipacamú, postulada por PVEM, pero ésta se vio obligada a solicitar licencia ante el Congreso local para separarse del cargo, lo que significó el fin de un cacicazgo que controló ese municipio durante casi 20 años.
El caso fue turnado a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local que declaró la desaparición de poderes y designó un Concejo municipal, con la posibilidad de que podría convocarse a
nuevas elecciones. El Concejo está encabezado por María García López, presidenta concejal, y Fernando Gabriel Montoya Oseguera, concejal síndico.
Vendrían más secuestros. Primero fueron 27 personas, identificadas como exempleados del ayuntamiento que encabezó Pinto Kánter, retenidas el 29 de diciembre de 2021 en la comunidad de Puerto Rico. Después vino la respuesta, un grupo civil armado denominado Alianza de Organizaciones y Sindicatos de Izquierdas (ASSI) plagiaron a los 36 campesinos tojolabales a quienes liberaron después de cinco meses de cautiverio, en mayo de 2022.
A partir de entonces, hubo manifestaciones, protestas y visitas al Congreso local, además de numerosas reuniones en la secretaría de Gobierno. Un grupo está a favor del Concejo Municipal y otro en contra, pide nuevas elecciones. Tal
parece que la “manzana de la discordia” es el síndico municipal, Gabriel Montoya Oseguera, dirigente del Movimiento 14 de Agosto. En este pleito, el secuestro se ha convertido en un arma política de presión.
Lo cierto es el que el conflicto político tras la rebelión campesina contra los caciques sigue vigente y tiende a agudizarse, volverse cada vez más violenta, en los próximos meses, antes de que el 30 de septiembre de 2024, terminen las funciones del Consejo Municipal. RDM.
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