Cámara de Diputados avala dictamen a minuta que expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares
• Robustece, unifica y agiliza el sistema de impartición de justicia
• Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular, se remitió al Ejecutivo Federal
La Cámara de Diputados avaló, en lo general y en lo particular, el dictamen a la minuta que expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, para homologar los procedimientos a nivel nacional, priorizando la oralidad y el efectivo acceso a la justicia pronta, completa, imparcial y expedita, garantizando el apego a los derechos humanos.
Dicho ordenamiento será de orden público, interés social y observancia general en todo el territorio nacional, cuya finalidad es establecer la regulación procesal civil y familiar, con base en los derechos humanos previstos en la Constitución Política y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
El documento, enviado al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales, consta de mil 191 artículos divididos en 10 libros, 43 capítulos y 81 secciones, con un total de 20 artículos transitorios previstos para su implementación.
Fue avalado en lo general con la unanimidad de 481 votos a favor, y en lo particular por 481 votos a favor. En la discusión en lo particular se presentaron propuestas de modificación a los artículos 4, 506 y 509, así como al segundo y sexto transitorios del proyecto de decreto.
El dictamen precisa que el sistema de impartición de justicia en materias civil y familiar será adversarial, democrático y oral; contempla y regula las acciones colectivas para la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos, mismas que serán ejercidas ante los órganos jurisdiccionales de la Federación en el ámbito federal y sólo podrán promoverse en materia de relaciones de consumo de bienes o servicios, públicos o privados y medio ambiente.
Considera que todos los procedimientos judiciales y los trámites que los integran, del orden civil y familiar, podrán tramitarse en línea y, en su caso, celebrarse todas o algunas audiencias a distancia, presentarse promociones y emitirse resoluciones electrónicas, así como autenticarse las mismas con firma electrónica certificada.
Menciona que la finalidad es la transición de una diversidad de legislaciones procesales hacia la instauración de un modelo único, prioriza la resolución del fondo del conflicto por encima de las formalidades procesales, contempla el enfoque social y aprovecha las herramientas tecnológicas como medio para mejorar la accesibilidad a la justicia.
Además, señala que el uso auxiliar de la justicia alternativa permitirá reducir la saturación de los sistemas de impartición de justicia en el ámbito local y cumplir con el deber estatal de resolver las controversias que se originen entre los particulares.
Se puede convertir en un verdadero instrumento de pacificación
En la fundamentación, el presidente de la Comisión de Justicia, diputado Felipe Fernando Macías Olvera (PAN), señaló que este es el avance jurídico legislativo más importante de los últimos años; el nuevo Código es la legislación más importante en materia jurídica desde la reforma penal de 2008, pero ésta es de mucho mayor calado.
Indicó que se habla en el país de acerca de un millón 500 mil litigios; de esa cifra, el 64 por ciento es de la materia civil y familiar. “Estamos de problemas cotidianos y de todos los días. Lo que estamos aprobando son las nuevas reglas de los juicios y las implicaciones que esto tiene en la sociedad. No podemos hablar de gobernabilidad y armonía social, si no hablamos de justicia”.
Este Código, afirmó, se puede convertir en un verdadero instrumento de pacificación social y avanzamos en una lucha histórica a favor de las mujeres. Con él se puede dar en meses un proceso de adopción; agrega el concepto de juicios sumarios orales, para que los consejos de la Judicatura y los poderes judiciales en los estados decidan cuáles de estos procesos civiles se podrán dirimir en menos de 30 días y de manera oral, y avanza de la parte escrita a la totalidad de la oralidad de los juicios, a la digitalización de los juicios. En este nuevo Código se logra la agilización.
Dijo que este proceso no acaba aquí, pues para que el Código entre en vigencia pasarán 4 años, 4 años de vacatio legis. “Yo los exhorto a que este producto ya terminado se pueda socializar en los estados, en las legislaturas, con los tribunales superiores de justicia, a fin garantizar el acceso a la justicia para las y los mexicanos y, sobre todo, de quien más lo necesita”.
Parteaguas a nivel nacional en justicia cotidiana
En los posicionamientos, la diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena) enfatizó que este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares “sin duda alguna, es un parteaguas a nivel nacional en la aplicación de justicia cotidiana”. Aseguró que “damos un cuerpo normativo que esperamos trascienda en tiempo, pero sobre todo que nos acerque a la pacificación social y al ideal de justicia pronta y expedita para todas y todos los ciudadanos. Es una gran aportación de esta Legislatura”.
Explicó que con este código a nivel nacional los procedimientos de orden civil y familiar deberán ajustarse a los mismos parámetros de forma tal que, independientemente del orden de gobierno, ya sea federal o local, existirán los mismos procedimientos, lo que incluye, entre otras cuestiones, sus denominaciones, plazos procesales y medios de impugnación. Destacó que la regulación de la justicia civil y justicia familiar se realizará en libros separados.
Mecanismo útil para resolver cualquier conflicto
Del PAN, la diputada Lizbeth Mata Lozano expresó que se está ante un momento histórico, al legislar la justicia cotidiana y la impartición de justicia, el mecanismo más útil para resolver cualquier conflicto ante los individuos.
En México, de acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal del Inegi 2019, más de 65 por ciento de los asuntos ingresados en primera instancia fueron en esta materia (27 por ciento civil y 39 por ciento familiar).
Por ello, afirmó, es necesario actualizar la legislación, creando un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, “documento que ha sido posible aterrizarlo por el trabajo de la sociedad civil, de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados y diversos colectivos; es una iniciativa de la sociedad y para la sociedad y representa una justicia que requieren todos los ciudadanos en lo cotidiano y en el día a día”.
Instrumento jurídico que beneficia a las y los mexicanos
La diputada Sue Ellen Bernal Bolnik (PRI) dijo que el Código Nacional es muestra de que en el Congreso sí se hacen las cosas bien y se construyen grandes instrumentos jurídicos en beneficio de las y los mexicanos. “Brinda la oportunidad de dejar un legado legislativo significativo para todas y todos”.
Puntualizó que su grupo parlamentario celebra la aprobación de este dictamen y adelantó que el voto será a favor; sin embargo, agregó, es indispensable la infraestructura, inmobiliario y la capacitación para juzgadores y litigantes, para lo cual se requiere presupuesto. “Parte importante del éxito de la implementación de este nuevo Código se resume en presupuesto”.
“Es un gran logro aprobarlo”; es de trascendencia
Sonia Mendoza Díaz, diputada del PVEM, destacó que este Código es de trascendencia, ya que tiene mil 191 artículos con 20 transitorios. “Es un gran logro aprobarlo”. Detalló que algunos de los objetivos más importantes es que “viene a solucionar de fondo los juicios y revalora el principio constitucional que establece el deber de los tribunales de administrar justicia pronta, rápida que le solucione el conflicto a los ciudadanos”.
Argumentó que la expedición del Código facilitará el desarrollo de procedimientos en materia civil y familiar y se incorporan los principios de oralidad, inmediación, publicidad, igualdad, contradicción y continuidad.
Se garantiza que las personas juzgadoras y servidores públicos y operadores del sistema de justicia otorguen un trato adecuado a las personas en condición de vulnerabilidad.
Se renuevan completamente los procedimientos
Mary Carmen Bernal Martínez, diputada del PT, afirmó que no es menor lo que se aprueba hoy, pues además de ser uno de los cuerpos legislativos más completos será uno de los más importantes con amplio beneficio e impacto en las ciudadanas y los ciudadanos; será uno de los mejores instrumentos jurídicos para resolver las necesidades y conflictos entre los particulares de la justicia cotidiana.
Indicó que este instrumento renueva completamente los procedimientos en materia civil y familiar, privilegia la oralidad, la protección de algunos grupos y sectores vulnerables, establece el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información, propone que las notificaciones sean a través de correo, con excepción del emplazamiento, el cual debe ser de forma personal, y plantea la creación de una plataforma digital para registrar actores, demandados y juicios.
Resolver lo cotidiano es un paso para conseguir la paz
El diputado Braulio López Ochoa Mijares (MC) afirmó que el Código Nacional tiene varios beneficios. Comentó que la justicia digital permite facilitar y agilizar los procedimientos, también, establece los principios de elegibilidad, equivalencia funcional, neutralidad tecnológica y seguridad en la información.
“Lo que importa aquí es que la deliberación gana, la escucha gana, la razón gana, y este es un triunfo de la gente que busca construir un país mejor y por eso se logran estos buenos resultados. Resolver lo cotidiano es un paso enorme para conseguir la paz en el país”, apuntó.
Mejoramiento del acceso a la justicia
La diputada Elizabeth Pérez Valdez (PRD) aseguró que el dictamen “representa un clamor de la ciudadanía en el mejoramiento del acceso a la justicia en la denominada justicia cotidiana”, la cual con este nuevo Código tendrá una visión con perspectiva de género y apego total a los derechos humanos. “Hoy damos un gran avance en la defensa de los derechos humanos y atendemos los reclamos de las mujeres que han sido invisibilizados”.
Precisó que “estamos hablando del acceso a la justicia digital, de la homogenización de plazos y procesos a nivel nacional, la implementación de un sistema de ejecución de sentencia breve por audiencias; se prepondera el principio de igualdad entre las partes y no discriminación durante todas las etapas del juicio”. Resaltó que cuando se traten de personas con discapacidad se adopta el modelo social dejando a un lado los juicios de interdictos y se obliga a que se juzgue con perspectiva de infancia y adolescencia.
