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El control educativo

Tener el control de la educación o mejor dicho de las instituciones educativas es
uno de los objetivos de la 4 T. Primero fue destituir al rector de la Universidad de
las Américas en Puebla (UDLAP), Luis Ernesto Derbez Bautista, donde se trató de
imponer a Armando Ríos Piter como rector el 12 de julio, pero ante las
inconformidades de la Fundación Jenkins este nombramiento no fue procedente y
el 20 de agosto el patronato de la FUDLAP designó como rectora interina a Cecilia
Anaya Berrios, quien anteriormente fungía como vicerrectora.
No conformes con la destitución del rector obtuvieron una orden de aprehensión
contra el exrector Luis Ernesto Derbez, fincándole una serie de responsabilidades
por malversación de fondos de la Fundación Mary Street Jenkins con la intención
de adueñarse del rumbo de esta prestigiosa universidad poblana ubicada en
Cholula.


CONTRA LA UNAM Y EL CIDE
Luego vendrían los ataques contra la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), acusando a las autoridades universitarias de haber puesto su ideología a
disposición del gobierno neoliberal y en una campaña de ataques diarios en la
conferencia mañanera, se estuvo combatiendo frontalmente a la rectoría; por
cierto, sin aportar prueba alguna de que la UNAM sirva o haya servido a los
intereses del neoliberalismo como lo han querido hacer creer las autoridades
federales.
Posteriormente el gobierno federal se ha ido en contra del Centro de Investigación
y Docencia Económicas (CIDE), que ha sido criticado desde hace unos meses sin
fundamento alguno, afectando la imagen de este instituto que es uno de los más
prestigiados del país.
Por el nombramiento del nuevo director interino José Antonio Romero Tellaeche,
se levantaron una serie de protestas tanto de estudiantes como de académicos,
toda vez que sin decir agua va destituyó a la secretaria académica Catherine
Andrews. Los conflictos provienen de la desaparición de varios fideicomisos entre
los que está el Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) del cual se obtenían recursos
para el CIDE que se utilizaban para becas, proyectos de investigación y compra
de equipos de cómputo.
En el ataque frontal que hace el presidente de la República está el hecho de que
en el CIDE se forman cuadros para el sector privado utilizando financiamiento
federal, lo que devino en la renuncia de Sergio López Ayllón que fungía como

director. Desde entonces el director interino es Romero Tellaeche, quien se ha
dedicado a desmantelar a este prestigiado instituto de educación superior.


LA NORMA OFICIAL 237
Ahora en una alianza entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la
Secretaría de Economía (SE) han elaborado un proyecto de Norma Oficial
Mexicana (NOM) etiquetada como 237 y se dejan ir contra las escuelas
particulares para regular derechos y obligaciones en la prestación de servicios
educativos.
Esta decisión ha provocado una inconformidad tanto en las instituciones privadas
como entre los padres de familia, que vislumbran un incremento en los costos que
podrían generar el cierre de escuelas o el encarecimiento de las colegiaturas.
De ser implementada la NOM 237 obligarán a las escuelas particulares a detallar
los contratos que mantienen con proveedores en servicios y costos. El gobierno
aduce que no habrá un costo excesivo, que lo que se busca es transparencia y
que no habrá ningún gasto para los padres de familia, pero sí para las escuelas
que tendrán que llevar un control estricto de contratos sistematizados y en caso de
que se den quejas éstas serían atendidas por la PROFECO, donde tendrán que
estar registrados los contratos de adhesión.
Sin embargo, hasta el título del proyecto es complicado: “Servicios educativos-
Disposiciones a las que se sujetarán aquellos particulares que presten servicios en
la materia”.
Este proyecto ya se encuentra en el Consejo de Normalización antes de ser
enviado a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), antes de ser
publicado para que entre en vigor en el 2022.
En adelante se regularán los contratos de adhesión entre los padres de familia y
las instituciones y no se podrán elevar las colegiaturas sin previo aviso. De
manera que ahora las escuelas privadas tendrán que rendir cuentas, tanto a la
SEP como a la SE.
Habrá que esperar para ver qué otra ocurrencia le proponen al presidente para
tener el control total de las instituciones educativas no nada más públicas, sino
también las privadas.

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