El ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, «El Bronco», está en el ojo del huracán por su detención y con anterioridad se ha visto envuelto en procesos legales por lo ocurrido en 2018 cuando recolectó firmas para concretar su candidatura independiente a la Presidencia de la República.
¿Qué pasó con Jaime Rodríguez El Bronco y las ‘broncofirmas’?
Cuando el ex gobernador manifestó su intención de participar en la elección presidencial, el Instituto Nacional Electoral (INE), determinó que las personas que desearan contender sin estar afiliadas a algún partido político, podrían hacerlo si lograban reunir cerca de un millón de firmas.
El plazo que tuvo el entonces gobernador fue de 127 días, entre el 16 de octubre de 2017 y el 19 de febrero de 2018.
Tiempo después la Sala Regional Especializada (SRE) del tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) informó que 572 personas que estaban empleadas en el gobierno local fueron obligadas a captar apoyos para concretar la candidatura de Rodríguez Calderón, cuando Manuel González fungía como gobernador interino durante los dos meses que duró la recolección de firmas.
En total fueron 25 dependencias las que participaron en la recolección de las llamadas “broncofirmas”, de las cuales 12 titulares están involucrados en el proceso de sanción ya que violaron el séptimo párrafo del artículo 134 constitucional que establece que “los servidores públicos tienen todo el tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad e inspeccionarlos”.
En junio de 2020, el entonces secretario de Salud estatal, Manuel de la O, reconoció ser uno de los funcionarios estatales que en el 2018 recolectó firmas para Jaime Rodríguez.
El exfuncionario recabó 4 mil 12 firmas, según el recuento que hizo el Instituto Nacional Electoral (INE) y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Mientras que en agosto del 2020 en votación dividida, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró inconstitucional el procedimiento establecido por el Congreso de Nuevo León para sancionar a Rodríguez Calderón por el uso de recursos del erario para obtener su candidatura presidencial en 2018.
