Por muchos años los mexicanos se han opuesto a la creación de una cédula única de identidad, mediante la cual el gobierno pretende identificar a la población con un documento único que tenga bien fichada a toda la población.
Gobiernos priistas y panistas han intentado implementar infructuosamente este documento de identidad, que por una u otra razón siempre se ha quedado en tan sólo un intento.
En la actualidad el único documento de carácter oficial con fotografía que tienen los mexicanos para identificarse, es la Credencial para Votar expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE)
Sin embargo, ahora el gobierno de la 4T ha logrado, gracias al aval en lo general de la Cámara de Senadores, aprobar el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, cuyo objetivo dicen, es frenar la comisión de delitos, tales como extorsión y secuestro que se cometen mediante teléfonos celulares tanto dentro como fuera de los reclusorios.
Las compañías telefónicas estarán obligadas a crear una base de datos con la información de los titulares de las líneas, para “colaborar” con las autoridades de seguridad y justicia.
Este padrón contendrá, además del número de celular, fecha y hora de activación, nombre del usuario, nacionalidad, número de identificación oficial con fotografía, CURP y “datos biométricos del usurario”.
Supuestamente esta información será estrictamente confidencial y con carácter de reservada con protección de datos personales. Pero lo cierto es que este padrón se convertirá en un instrumento de fiscalización, que tendrá ubicados e identificados a los mexicanos a través de sus teléfonos celulares con la incorporación de los datos biométricos, que por ley se pretende implementar en este nuevo intento por tener fiscalizados a los mexicanos.
En apariencia lo que se pretende es combatir las extorsiones, el secuestro y el robo de identidad; sin embargo, en el fondo detrás de todo esto lo que hay es un intento por tener a la población bien fiscalizada y tener el control total de los ciudadanos e incluso de los menores de edad que tienen acceso a un teléfono celular.
Los concesionarios de telecomunicaciones estarán obligados a que en cuanto vendan un teléfono celular, sea de prepago o pospago, tendrán que recabar y entregar toda la información del usuario, incluso datos biométricos, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, lo cual es una clara herramienta inconstitucional, como afirma una gran parte de la población y de los legisladores.
Los datos biométricos que el IFT tendría en su base de datos son: la huella dactilar, facciones del rostro, iris y tono de voz.
Ante esta reforma se espera una cascada de amparos individuales de ciudadanos y empresas que se oponen a esta nueva ocurrencia de la 4T.
Aun cuando a todas luces parece una disposición anticonstitucional y violatoria de los derechos humanos, el presidente de la República ha declarado que este es un asunto de seguridad, pero que es lógico que las telefónicas se opongan porque esto les limita la venta de equipos.
Tal vez tenga razón, pero lo grave es que a quien no acepte dar sus datos personales y biométricos, se le cancelará el servicio de celular, de manera que tu intimidad estará en manos del gobierno quieras o no.
En caso de que se trate de la contratación de una línea nueva, ésta no se activará si no se proporcionan estos datos y en caso de una línea que ya esté activa, quien se niegue a dar los datos será multado con 89 mil 692 pesos. Así que vienen castigos para los usuarios, pero no para los delincuentes, porque nuestros datos estarán a disposición de las autoridades judiciales o de seguridad, aun cuando no haya de por medio una orden judicial. Qué tal.
Poeta y articulista.
