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Cambiar la estrategia de seguridad y mantener programas sociales, pero ¿Cuál es el proyecto de gobierno de Xóchitl?

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Ricardo Del Muro / Austral

En su arranque de campaña a la Presidencia, en Fresnillo, la ciudad más peligrosa del país, Xóchitl Gálvez presentó su estrategia de seguridad, que terminará con los “abrazos a criminales” y en Irapuato firmó un “pacto de sangre” para mantener los programas sociales.

Dos escenarios dramatizados en actos proselitistas, donde la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México ha centrado su campaña en denunciar la crisis de inseguridad, que es el talón de Aquiles del gobierno de López Obrador y ofrecer un plan de 15 puntos para “yucatanizar” al país, bajando los índices de violencia y garantizando la paz.

En forma paralela, ha establecido un compromiso de mantener los programas sociales, principal bandera del gobierno de los Morenistas, en una
estrategia para atraer los votos de priístas y perredistas, pero sobre todo de los sectores populares.

Al ser la candidata de una curiosa coalición partidistas, que aglutina a políticos con ideologías divergentes y antagónicas, Xóchitl se ha declarado apartidista, lejos de la ultraderecha y más de centro o centro izquierda, aunque en su equipo de campaña hay panistas, priístas, perredistas y exmorenistas.

Hasta la fecha, se desconoce el proyecto de gobierno de la coalición que encabeza Xóchitl, así como la influencia que en ese plan tendrán los diferentes grupos políticos o qué es lo que definirá al nuevo gobierno.

En la presentación del equipo a cargo del plan de gobierno, el 5 de diciembre, Xóchitl adelantó: “Si algo puede mejorar, lo mejoramos, como es la economía; si algo está mal, lo vamos a arregar, como es la salud y la inseguridad”.

El equipo está coordinado por el priísta Enrque de la Madrid, ex secretario de Turismo en el sexenio de Enrique Peña Nieto y Rubén Moreira, quien fue coordinador del grupo parlamentario del PRI, está cargo del tema de la Seguridad, que sin lugar a dudas, es el eje central de la campaña y, posiblemente, del programa de gobierno.

De la Madrid tiene claro que algunas políticas públicas instituidas por el gobierno de López Obrador “son inamovibles, como los programas sociales”, pero lamenta que estos apoyos a distintos sectores de la población “sean intocables debido a la falta de crecimiento económico en el país que ha vuelto dependientes de estos recursos a los ciudadanos y por ello, no se pueden tocar”.

En una entrevista con el periódico El País (10 de diciembre), afirmó que también hay claridad en lo que sí se debe cambiar de la autodenominada cuarta transformación: la desmilitarización del país, una reforma educativa de fondo, echar abajo la llamada nueva escuela mexicana, la desaparición del IMSS Bienestar para construir un sistema de salud universal y una economía en crecimiento.

Definir un “gobierno de coalición” está a cargo de Jesús Ortega, exdirigente del PRD, pero en el equipo hay varios exfuncionarios del gobierno de Felipe Calderón y de Vicente Fox, como Josefina Vázquez Mota, en tanto que las Finanzas Públicas estaban a cargo del exsecretario de Hacienda de López Obrador, Carlos Urzúa, quien lamentablemente falleció en fechas recientes.

José Luis Luege Tamargo, exdirector de la Comisión Nacional del Agua (2006 – 2012); Consuelo Sáizar, expresidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (2009 – 2012); la exsenadora del PRD, Angélica de la Peña encargada de los derechos de las mujeres; el senador Emilio Álvarez Icaza, expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, también son parte del equipo.

El Desarrollo Rural está a cargo de Silvano Aureoles, exgobernador del PRD en Michoacán; el diputado Juan Carlos Romero Hicks, exgobernador panista de Guanajuato, coordinará la mesa sobre Educación, Ciencia y Tecnología; el exdiputado del PRI, Guillermo Ruiz de Teresa está en el proyecto de Infraestructura, además de Idelfonso Guajardo en Relaciones Exteriores y Rosalinda Benítez, exsecretaria de Turismo del Estado de México en el gobierno de Eruviel Ávila.

Un adelanto de lo que podría ser su plan de gobierno, hizo Xóchitl en octubre del año pasado, al presentar su propuesta alterna del Presupuesto federal para 2024, donde destacó diez puntos: Más recursos para Salud; mantener el presupuesto del Poder Judicial; evitar obras “faraónicas” sin proyectos ejecutivos y análisis de costos; apoyar con recursos al Campo.

En aquel momento, la Seguridad estaba en un quinto punto, pero también señaló que en esta área es clave ejercer más recursos; lo mismo que para reforzar los programas de combate a la violencia de género.

Ahora, al iniciarse la campaña, la Seguridad se ha convertido en la principal propuesta de un plan de 15 puntos que contempla construir una cárcel de máxima seguridad, quitarle a las Fuerzas Armadas facultades en la administración de proyectos y convertir a la Guardia Nacional en una corporación totalmente civil.

La aspirante presidencial ha subrayado que no tiene miedo de aplicar la fuerza del Estado para recuperar el territorio que la delincuencia organizada ha tomado, aunque aclaró que esto no implica una confrontación, sino tareas de inteligencia. Para distanciarse de lo que hizo Calderón, Xóchitl sostiene: “Mi estrategia de seguridad es diferente, no voy a seguir con la guerra contra el narco”.

(El País, 5 de marzo)
Además, como séptimo y octavo punto de su proyecto de Presupuesto, propuso que el uno por ciento del PIB sea para Educación y uno por ciento para Ciencia y Cultura, respectivamente.

En el noveno punto enfatizó que deben darse más recursos a Pemex, además de que abran la paraestatal a privados para que genere recursos para la gente.

La propuesta final correspondió al gasto federalizado, donde precisó que es necesario un reparto justo de los recursos, argumentando que el tener estados y municipios débiles en materia financiera, genera un “país débil”.

Por lo demás, dijo Xóchitl en su reciente gira por Baja California: “Aquí hay lugar para todos”.

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