Gabriel García-Márquez
Desde hace cuatro meses las oficinas de la subdelegación de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) fueron cerradas de manera definitiva en Coatzacoalcos, como parte de las medidas de austeridad implementadas por el gobierno federal.
Esta subdelegación de PROFECO, que funcionó durante más de dos décadas, tan solo durante el último año logró recuperar alrededor de 12 millones de pesos reclamados por los consumidores afectados.
Aún cuando no funcionaba como una delegación en forma, sino como una especie de ventanilla, atendió miles de quejas de consumidores por malos servicios, productos defectuosos o porque no les respetaron los precios etiquetados.
Entre las empresas que más incidencia de quejas recibieron son las de telefonía celular, los supermercados y tiendas departamentales y por supuesto la Comisión Federal de Electricidad.
Al quedar cerrada de manera permanente la unidad de PROFECO en Coatzacoalcos, los quejosos que deciden interponer alguna queja o denuncia por mal servicio o violación de precios, tienen que acudir al puerto de Veracruz o a Villahermosa, Tabasco, de manera que para evitarse el gasto prefieren interponer la queja a través del portal de la dependencia que no siempre tiene buenos resultados.
Por supuesto que no nada más cerraron la unidad de Coatzacoalcos, sino también cerraron 2 delegaciones, 8 subdelegaciones y 4 unidades de servicio en 11 estados de la república, con lo que seguramente la Secretaría de Hacienda tendrá un ahorro considerable en renta de inmuebles y salarios; pero los perjudicados han resultado ser los consumidores que continuamente son sorprendidos por los prestadores de servicios y las tiendas que hacen lo que se les viene en gana con el constante cambio de etiquetas en los productos exhibidos en sus tiendas.
Es una práctica muy común que las tiendas de autoservicio, especialmente Chedraui y Soriana, cambien los precios de sus productos, de manera que algunos sobre todo en el área de alimentos muestren un precio en los anaqueles y que el precio que te cobran en la caja registradora sea mayor al exhibido. De modo que, si el cliente no se da cuenta, le cobran un precio más alto y si éste se llegara a percatar de la diferencia, los encargados de las cajas mandan checar el precio, pero se tardan tanto que en ocasiones el cliente opta por no llevar el producto, tiempo que la tienda aprovecha para re etiquetar dichos productos.
Una de las explicaciones que dan los encargados es que al abrir la tienda inician con un precio, pero que a medida que va pasando la mañana el precio de algunos productos se incrementa en el mercado y no les da tiempo de hacer el cambio físico, pero sí lo hacen en el sistema. Así que ni cómo reclamarles, no hay manera de ganarles porque las amas de casa no andan con el celular tomándole foto a los precios de todos los productos que van echando en el carrito.
De modo que el consumidor está indefenso ante los comercios, porque si al contrario un artículo está mal etiquetado con un precio mucho más bajo del verdadero, éste no lo respetan en la caja con el pretexto de que, si el cliente se lo lleva así de barato, la diferencia entre el precio real y el etiquetado lo tendría que pagar el empleado que haya cometido el error. Esto es totalmente falso, pero no hay manera de impedirlo. En la Ciudad de México es todo lo contrario.
En teoría el establecimiento debe respetar el precio con que está exhibido cualquier articulo o producto y no tiene por qué ponerse en tela de duda al consumidor, que con sólo haber visto el precio del anaquel se le tiene que vender la mercancía en dicho precio, ni un peso más ni un peso menos.
Bueno sería, que el gobierno federal recapacite y vuelvan a abrir una oficina de la PROFECO o como le quieran llamar en Coatzacoalcos, para poner un freno a los comerciantes que abusan de la indefensión y buena fe de los consumidores.
Mientras no haya PROFECO los grandes comercios seguirán haciendo de las suyas, cobrando al consumidor lo que les venga en gana.
Poeta y articulista.
