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Pensiones del Bienestar

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Por Edgar Sandoval Pérez
@EdgarSandovalP

“Donde no llega la política económica, la asistencia social lo equilibra».

Actualmente, alrededor de 8 millones de mexicanos, adultos mayores, son
beneficiarios del programa “65 y más”, el cual tiene como propósito contribuir al
bienestar de la población de adultos mayores sin acceso a un sistema de
protección social que les garantice una vejez digna y plena a través del
otorgamiento de una pensión no contributiva.

De acuerdo con datos de la Secretaría del Bienestar, tan solo el 23 % de las
mujeres y 40% de los hombres tienen acceso a una pensión. Sin embargo, la
complejidad social y problema principal es que el 26% de los adultos mayores no
tienen ni pensión contributiva ni apoyo de programas sociales, siendo el punto
medular de la creación de este programa.

Se espera que para el 2024 se tenga un padrón con más de 10 millones de adultos
mayores en el programa de “65 y más”, los cuales para ese entonces estarán
teniendo un ingreso bimestral asegurado de 6,000 pesos, los cuales significarán
alrededor de 360 MMDP pesos anuales que se traducen en poco más del 5% del
presupuesto anual total de la federación. Si bien en términos económicos
representa una parte considerable del presupuesto y no muy viable o rentable,
en términos sociales, resulta insuficiente y sumamente necesario.

Tradicionalmente entre economistas, estas transferencias son consideradas gasto
corriente, lo cual en términos coloquiales significa que es un dinero que no
representará una retribución futura, siendo utilizado por la administración
pública para satisfacer sus necesidades de operatividad. Sin embargo, esto no
necesariamente es cierto, ya que los sueldos y salarios también están incluidos
dentro del gasto corriente, y es mediante estos mismos sueldo que todos los
trabajadores pertenecientes al sector público pueden realizar sus compras,
bienes y contratar diversos servicios.

El gasto corriente siempre ha sido muy criticado, porque al ser elevado y
representar una parte considerable del presupuesto de egresos, derivará en dos
cosas: la primera es un costo de oportunidad elevado; es decir, que el dinero que
se destina a la operatividad se podría destinar al fortalecimiento en la
infraestructura pública y la segunda; los altos déficit que se podrían generar
como sucedía en las décadas de los 70 y 80´s, donde se gastaba más de lo que se
ingresaba a las arcas públicas, sin embargo, a lo largo de estos últimos años
hemos visto que al menos por el tema de los altos niveles deficitarios no habría

problema, ya que se cuenta con lineamientos más claros y conductivos como la
ley de disciplina financiera o la ley de austeridad que permite llevar de manera
ordenada las finanzas públicas tanto a nivel federal, como a nivel entidad
federativa, y ahora hasta municipal con la conducción y asesoramiento del
gobierno del Estado, al menos para el caso de Veracruz.

Por lo cual, la pensión a los adultos mayores no representa ninguna complejidad
para las finanzas públicas nacionales, ya que ese recurso se gasta íntegramente
en compras de bienes y contratación de servicios, lo que significa que aumentará
la producción dinamizando así la economía y al ser un sector específico no se
generaría inflación ya que no sería de manera agregada.

La pensión de “65 y más” lo que sí brinda, es una garantía y certeza social, ya
que la población más vulnerable y que no se encuentran en circunstancias de
poder trabajar tiene un respaldo económico para hacer frente a sus necesidades
y los empodera para no encontrarse en un estado de indefensión ni social, ni
económica.

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