Columna Sentido Comun/
Aun cuando el grupo parlamentario de Morena en la cámara de diputados federal se haya deslindado de una propuesta a todas luces aberrante presentada por la legisladora morenista de Hidalgo Jannet Téllez Infante, no deja de levantar polémica esta iniciativa que propone que las mujeres que aborten sean CASTIGADAS con trabajo comunitario y tratamiento médico integral.
Cuando por un lado lo que se pretende es despenalizar el aborto, eliminando las penas contempladas en el Código Penal Federal, por otro lado, legisladores retrógrados no solo proponen que continúen vigentes las sanciones de un año de prisión para quien decida abortar voluntariamente, sino que se agreguen sanciones de trabajo comunitario.
La falta de una verdadera coordinación en el grupo parlamentario de Morena, ha propiciado que legisladores sin oficio político cometan este tipo de pifias, que además de irritar a la ciudadanía, ofendan a las mujeres cuyos derechos han sido pisoteados una y otra vez.
La propuesta del tratamiento médico integral tiene como finalidad, según la iniciativa de la diputada Téllez, de ayudar con las consecuencias generadas por el hecho de abortar.
Si de esta manera pretenden entrar en una discusión seria sobre la despenalización del aborto, se han equivocado de estrategia y lo que propiciará es un retroceso en el camino andado en este controversial tema para despenalizar esta práctica a nivel nacional.
Por cierto, hace unos días los integrantes de Comisión de Igualdad de Género, se manifestaron a favor de reformar la ley general de salud en materia de la interrupción legal del embarazo, con excepción de los diputados del PAN y el PES.
La discusión continúa, sin embargo, con este tipo de iniciativas lo que se crea es mayor confusión entre los legisladores, que están más preocupados por otros temas que no crean tanta polémica como éste, que divide a la población, pero que es un tema de salud pública que bien merece ser ya resuelto, para evitar que las mujeres sigan corriendo riesgos practicándose abortos con los llamados “espanta cigüeñas”, en condiciones por demás peligrosas.
La verdadera intención de esta reforma es no criminalizar a las mujeres que se ven orilladas a abortar, sea por haber sido violadas o bien por no contar con los recursos económicos para poder mantener un hijo no deseado o esté en riesgo la vida de la madre.
Debería haber un mayor control en las bancadas de todos los partidos, para evitar que legisladores sin preparación ni criterio como esta de Hidalgo, se vayan por la libre entorpeciendo la solución de un problema tan serio como éste de la despenalización del aborto.
Diputadas como ésta, deberían hacer trabajo comunitario para desquitar el sueldo y atender los temas que en realidad interesan a sus representados.
Poeta y articulista.
