En 2020, aproximadamente 284 millones de personas en el mundo, de 15 a 64 años, consumieron estupefacientes, según el Informe Anual sobre las Drogas 2022 de la ONU.
Es necesario que México revise su política respecto a las drogas, preguntarnos cuáles podrían desincorporarse o reclasificarse del catálogo de sustancias permitidas, establecido por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE-ONU), cuáles son utilizadas por el sector farmacéutico y ante cuáles debe haber estrategias claras y mantenerlas en el rubro de combate por su ilicitud, afirmó el coordinador del Seminario 4 20, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, Imer Flores Mendoza.
Por ejemplo, se deberían explorar a fondo los usos medicinales, industriales y benéficos de la mariguana con base en investigación científica y poner especial atención en la sustancia que hoy representa un gran reto en materia de salud, seguridad y relación internacional para el país: el fentanilo, puntualizó.
Al referirse al tema en entrevista, el universitario consideró: es urgente repensar continuar con la prohibición absoluta, persecución, criminalización y guerra contra las drogas, pues en buena medida han sido los usuarios y el tejido social los que han sentido su vigor y no así el narcotráfico.
“Hoy tenemos el reto del fentanilo que está causando estragos en Estados Unidos. Ya hay políticas muy claras de lo que se tiene que hacer y es un tema de cooperación internacional, para que todos los países estemos en la misma sintonía”, comentó.
Esta sustancia es efectiva para el dolor, pues se estima que es 50 veces más potente que la morfina y hasta 100 más que la heroína, por lo que es más peligrosa, tremendamente adictiva y letal. Hasta ahora, señaló el investigador, el principal problema en el país es su trasiego.
Asimismo, destacó que el uso indebido y tráfico es un problema global, que atraviesa a todos los países y por ello es necesaria la cooperación entre las naciones para el intercambio de información, en la implementación de estrategias para tratar de prevenir el uso de sustancias ilegales, entre otras.
Además, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) presenta su Informe Anual sobre las Drogas y, eventualmente, realiza reuniones para clasificarlas: cuáles son las legales, cuáles no se deben legalizar.
El documento del año pasado reveló que en 2020 aproximadamente 284 millones de personas de 15 a 64 años consumieron drogas en el mundo, lo que representó un aumento de 26 por ciento con respecto a la década anterior.
De acuerdo con la UNODC las personas jóvenes están consumiendo más y los niveles actuales en varios países son mayores que los de la generación anterior. En África y América Latina las personas menores de 35 años representan la mayoría de quienes reciben tratamiento por trastornos relacionados con el consumo de drogas.
Asimismo, el Informe subraya que la legalización del cannabis en algunas partes del orbe parecía haber acelerado el consumo diario y las consecuencias relacionadas para la salud; alerta sobre el aumento sin precedentes de la fabricación de cocaína, la expansión de las sintéticas a nuevos mercados y las continuas deficiencias en la disponibilidad de tratamientos contra los narcóticos, especialmente para las mujeres.
Flores Mendoza puntualizó no ser partidario de la política prohibicionista y policiaca, pero reconoció que el tema de consumo ilegal está relacionado también con el crimen organizado, el narcotráfico, al tráfico de armas, entre otros delitos.
“Prefiero la prevención, la educación, la información, que la gente entienda muy bien para qué pueden servir estas sustancias. Debemos empezar a hablar de estrategias de prevención, de reducción de daños y sustitución de sustancias. Por ejemplo, en la frontera con Estados Unidos son aplicadas pruebas a trabajadoras sexuales, a fin de ver qué sustancias consumen y tengan conciencia de lo peligroso que puede ser el fentanilo”, indicó.
La política sobre narcóticos, insistió, no puede limitarse a la prohibición, a los muertos por el narcotráfico, sino también a la prevención. Para ello es necesario que todos los actores aporten su granito de arena. “A nosotros desde la academia, nos toca mantener la discusión del tema y fomentar el análisis científico, desde una perspectiva de derechos humanos, de salud sin dejar de abordar el tema de seguridad”.
Aportes desde la academia
El experto mencionó que en el IIJ se encuentra el Observatorio de Legislación y Adjudicación (OLA), el cual alberga el proyecto llamado 4 20, enfocado a la revisión de la política de drogas y la regulación de la mariguana en México y en el mundo.
Además, en el OLA participan el Instituto Nacional de Salud Pública y El Colegio de México, a través de su Seminario sobre Violencia y Paz. A partir de 2019 organizan mensualmente sesiones en las que tratan diversos aspectos sobre la mariguana y, particularmente, este año, sobre el fentanilo.
Entre los temas están: la epidemia del fentanilo y la violencia en México; la producción de cannabis en diversas comunidades del país; el reconocimiento de derechos para poder ejercer los múltiples usos de la mariguana, entre otros.
Resultado de estos trabajos son los libros “4 20 Momento de regular el cannabis y revisar la política de drogas (en México y el mundo)”, y “Diálogo de saberes”, el cual estará listo en los próximos meses.
A través del trabajo con comunidades que usan cannabis han detectado problemas para tramitar ante -la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios- autorizaciones administrativas para cultivarla en producciones amplias con fines medicinales e industriales, pues hasta ahora si bien han sido expedidas para ejercer el autocultivo, importar medicamentos base cannabinoides, como para realizar cultivos con fines industriales, la autoridad solo otorgó unos cuantos, dejando en el desamparo a las mayorías.
“Incluso para que el autocultivo no sea ilegal, es necesario contar con dicha autorización administrativa, sin ella queda al arbitrio de la autoridad policial realizar la detención y de la autoridad judicial el determinar si el caso cuenta con elementos para judicializarse; es decir, continuar con la política criminal tan lacerante hasta hoy en día para con los usuarios”, explicó.
Asimismo, colaboran con la sociedad civil y diversas instituciones a nivel local y federal que atienden y previenen las adicciones. “Hay mucha institucionalidad, pero no necesariamente mucha coordinación. Necesitamos una mejor coordinación entre todos los actores involucrados para detectar problemas, peligros que representan otras drogas tanto legales e ilegales, otras sustancias no reguladas y atenderlos de la mejor manera”.
