Es un hecho que la desaparición de 43 jóvenes de la Normal de Ayotzinapa en septiembre de 2014, pasa a ser otro de los capítulos más lamentables de la historia criminal del país, principalmente por la colusión de autoridades gubernamentales varias con las bandas de narcotráfico en esa región de Guerrero que se ensañaron con ellos.
Primero, por sus familias, independiente de todo lo que ha ocurrido desde entonces en su lucha por saber en dónde se encuentran los estudiantes, pues están en su derecho de exigir no sólo esclarecimiento sino la aplicación del derecho a quienes cometieron los asesinatos y a quienes encubrieron el caso a modo.
En segundo, deslindar con toda claridad la actuación del gobierno en torno a las investigaciones realizadas a cargo de la Procuraduría General de la República, en su creación de la verdad histórica, que tiene ya tras las rejas al titular Jesús Murillo Karam desde la semana anterior.
En tercero, urge también distinguir el papel jugado por quienes tienen precisamente la responsabilidad constitucional de aplicar las leyes que rigen la convivencia civilizada, el poder judicial.
Como sabemos, un juez federal de Toluca acaba de librar 83 órdenes de aprehensión en contra de 20 mandos militares y soldados de dos batallones de Iguala; cinco autoridades administrativas y judiciales del Estado de Guerrero; 37 policías de Huitzuco, Iguala y Cocula; 11 policías estatales de Guerrero y; 14 integrantes de Guerreros Unidos.
Presos hay además 70 personas por esa masacre en distintas cárceles entre ellos el matrimonio de los Abarca, él, alcalde, de Iguala, José Luis y vaya, el que dio la orden de la ejecución.
Y han salido 74 liberados por diversos motivos, cuyos jueces o no encontraron elementos; o bien detectaron torturas: o a saber cuáles otras motivaciones; como dijo el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, entre ellos los hermanos Casarrubias, cabecillas de Guerreros Unidos y próximos a los Abarca.
Así como la masacre del 2 de octubre sigue presente todavía a estas alturas –de muchas otras de distinto origen- el caso de estos jóvenes de Ayotzinapa ocupa un lugar excepcional en este ir y venir de horrores que ojalá ya algún día cesen en la nación mexicana.
Atraques:
1. La Nucleoeléctrica de Laguna Verde en Veracruz operará 30 años más con su reactor 2, de acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias de la Secretaría de Energía. En realidad sí funciona con las más altas y rigurosas normas, técnicas y científicas operativas, pues no es un juego. Y el proceso de fisión del uranio enriquecido deja, por cierto, residuos que se utilizan en la fabricación de armas nucleares, mismos que van a parar a Estados Unidos por un acuerdo de ambas naciones.
2. Un gran mérito a las vapuleadas universidades públicas por continuar todos los esfuerzos en la difusión de la cultura, ciencia y tecnología. Ojalá sumen esfuerzos compartidos en la solución de problemas y oportunidades en cada estado.
3. Por cierto, desde el gobierno de Miguel Alemán Velasco en Veracruz estuvo el proyecto de hacer una ciudad de la ciencia entre Xalapa y el puerto de Veracruz, como tantos proyectos con la Universidad Veracruzana. ahí quedó.
Escritor y periodista
